El corto circuito por el nuevo gobierno

La tensión entre el gobierno entrante de López Obrador y el resto de los actores en el ecosistema político del país se encuentra en su punto más álgido. La forma en que el tabasqueño se está preparando el terreno para ejercer su presidencia está causando un corto circuito en el entorno político. La estrategia del equipo de transición está trastocando el flujo de los recursos públicos, las estructuras organizacionales del gobierno y hasta las reglas de hacer política. Me explico.

López Obrador tiene muy clara su agenda de gobierno y durante la transición se está preparando el terreno para implementarla. Discutir si se trata de la mejor agenda posible o si es lo suficientemente progresista está fuera de los alcances de este texto. El hecho es que su agenda de gobierno está ampliamente respaldada por el mandato otorgado durante la elección presidencial. Nos guste o no, la mayoría de los votantes respaldó la plataforma electoral de López Obrador y ahora la tiene que cumplir.

La forma en que el nuevo gobierno se está preparando el terreno tiene dos vertientes. Por un lado, está impulsando reformas jurídicas para hacerse de las facultades legales y los recursos que necesitará para cumplir con su mandato. Esto se vuelve evidente al observar la gran cantidad de iniciativas impulsadas por Morena desde el Poder Legislativo. Por otro lado, está realizando actos políticos que le permitirán conseguir apoyo político para implementar su agenda. Las consultas ciudadanas, los consejos consultivos empresariales o los actos de perdón forman parte de esta estrategia.

Uno de los aspectos que están causando más escozor son las reformas jurídicas. Estos cambios también tienen varias vertientes. Uno de los aspectos más sutiles del trabajo de Morena en el Poder Legislativo es que están cambiando el proceso mismo para la toma de decisiones sobre las políticas. Morena está atrayendo ciertos temas estratégicos hacia el ámbito exclusivo del gobierno federal. Tal es el caso de la seguridad pública o la política social. En otros casos, el equipo de transición está depositando el poder de tomar las decisiones en el electorado, como en el ámbito de los grandes proyectos infraestructurales.

Otro aspecto de las reformas jurídicas tiene que ver con asegurarse los recursos financieros que serán necesarios para cumplir con su agenda de gobierno. No me refiero solamente a realizar ajustes en la recaudación y el gasto, como en el caso del recién anunciado proyecto de presupuesto de egresos. A lo que me refiero es a que el gobierno entrante también está ajustando la estructura organizacional para asegurar el flujo de los recursos financieros hacia donde necesitan que fluyan. La figura de los llamados súper delegados responde a este propósito, pues serán el canal para hacer llegar los recursos económicos de la política social de manera a directa a las personas beneficiadas.

Además, las reformas del gobierno entrante también están trastocando las estructuras organizacionales actuales. AMLO tiene claras sus prioridades de política y las está acompañando con una estructura organizacional que le permita cumplir sus promesas de campaña. Los súper delegados también son un ejemplo de este tipo de reformas. En lugar de arriesgarse a perder el control de sus políticas en el ámbito local, AMLO está creando su propio aparato gubernamental alterno que le permita hacer un bypass a lo que suceda en los estados y municipios.

En resumen, el corto circuito que estamos presenciando era más que previsible. Con el objetivo de prepararse el camino, el gobierno entrante está trastocando el orden político, jurídico, financiero y organizacional al que estamos acostumbrados. Sólo el tiempo nos dirá si la estrategia fue la correcta.

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Coordinador del Laboratorio de Innovación Democrática (LID)

JJ/I