Gobierno estatal miente: Tenacatita sigue cerrada

Promesas incumplidas y falsas afirmaciones del gobierno estatal sobre la resolución del problema por el despojo de tierras y la privatización de la bahía de Tenacatita envuelven la situación que prevalece en la zona, que incluso derivó en julio en una orden a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que investigue al grupo 32 de la Policía Auxiliar, que mantiene bloqueos en la carretera para restringir el acceso a la playa.

A cinco años y dos meses del despojo irregular, la privatización de la bahía perteneciente a la Costa Sur de Jalisco continúa pese a que en 2013 el entonces secretario general de Gobierno, Arturo Zamora, anunció que por órdenes del gobernador se había resuelto el conflicto: “Hemos resuelto el problema social, ya se abrió el paso a las personas y el gobierno va a garantizar que permanezca abierto”, dijo en aquella ocasión.

Sin embargo, la situación que se registra en la zona es de represión, privatización y amenazas, lo que llevó en mayo de este año a los pobladores a presentar una queja ante el Consejo de Seguridad Pública del Estado en contra del grupo 32 de la Policía Auxiliar (seguridad privada con permiso de portación de armas) por diversas violaciones cometidas a leyes estatales y federales al ejercer actos de autoridad en la vía pública como retenes para limitar el uso de la playa.

La queja fue aceptada y en julio se ordenó al fiscal Eduardo Almaguer Ramírez que, con independencia de que se analicen las sanciones administrativas, se abra una investigación de causas penales por posibles ilícitos cometidos. No obstante, las cosas continúan igual, por lo que se solicitará un amparo en contra de la fiscalía por la omisión en el asunto.

Ante este escenario, el 24 de septiembre los pobladores y afectados pidieron al Ejecutivo que la atención al conflicto sea el primer compromiso que se asuma con la implementación del programa Vamos Juntos en Autlán de Navarro, que en las próximas semanas se pondrá en marcha.

Revés jurídico

La lucha jurídica que han dado los pobladores en defensa de las tierras que les fueron despojadas en agosto de 2010 por el empresario Andrés Villalobos, dueño de la Inmobiliaria Rodenas, dio un nuevo revés al lograr la revocación de la concesión de la zona federal y una sentencia que ordena que el proceso se reponga para dictar una resolución en materia civil que tome en consideración las violaciones de que fueron objeto.

Estas resoluciones abren la puerta a que el conflicto se resuelva a finales de 2015 a favor de los pobladores, que según la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) son legítimos propietarios de las tierras que son reclamadas por el empresario.

El representante legal de los afectados de Tenacatita, Francisco Rodríguez Martínez, indicó que se resolvió a favor la queja procesal en contra de la diligencia de desposesión ejecutada el 4 de agosto de 2010 por las violaciones cometidas al realizarse en la madrugada, con uso de fuerza pública y exceso de atribuciones del juez de primera instancia de Cihuatlán, quien entregó la zona marítimo-terrestre al empresario, pese a que la autoridad para otorgar estos derechos es federal.

Y aunque esta diligencia fue desechada en tres ocasiones, se logró reponer por juicios de amparo y el 28 de septiembre se ordenó a la séptima sala del Tribunal Superior de Jalisco con sede en Guadalajara regresar el expediente para volver a dictar una resolución que tome en cuenta las violaciones cometidas.

“Una vez que la queja procesal prospere se ordene a dejar sin efectos todo lo actuado hasta antes de la diligencia del 4 de agosto, es decir, el acto posesorio o lo que le dio posesión a Inmobiliaria Rodenas quedaría totalmente sin efectos legales y entonces su ocupación actual no tendría sustento legal. Tendría que desalojar no solamente la zona federal, sino también las propiedades privadas que invadió”.

Concesión, revocada

A esto se suma la revocación de la concesión de la zona federal luego de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ordenó a la Inmobiliaria Rodenas desde mayo pasado desalojar la zona en virtud de diversas violaciones como la privatización de la carretera 200, que da acceso a la bahía.

Sin embargo, el empresario obtuvo una suspensión para que se le diera derecho de audiencia y se vuelva a dictar resolución.

“Se pudo acreditar que tenía la playa cerrada con malla ciclónica, con letreros de ‘propiedad privada’, guardias armados y perros de ataque que impedían a los visitantes hacer uso de las playas. La resolución que emita Semarnat estamos seguros que vendrá en el mismo sentido porque está acreditado”.

Se estima que las dos sentencias favorables converjan en Año Nuevo, cuando se emita la resolución a favor de los pobladores.

“Se pudo acreditar que (Inmobiliaria Rodenas) tenía la playa cerrada con malla ciclónica, con letreros de ‘propiedad privada’, guardias armados y perros de ataque que impedían a los visitantes hacer uso de las playas”

 “Lo que le dio posesión a Inmobiliaria Rodenas quedaría totalmente sin efectos legales y entonces su ocupación actual no tendría sustento legal. Tendría que desalojar no solamente la zona federal, sino también las propiedades privadas que invadió”,
Francisco Rodríguez Martínez, representante legal de afectados de Tenacatita

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