Proyectos inviables destruyen pueblos

Gastaron millones en estudios técnicos, presionaron con amenazas a los habitantes para que vendieran sus casas y se fueran, pagaron indemnizaciones risibles, destruyeron los pueblos y, finalmente, los proyectos hidráulicos que buscaban realizar fueron cancelados por inviables.

Eso fue lo que sucedió durante las dos anteriores administraciones estatales:se trata del despojo de pobladores de Arcediano, para la fallida construcción de una presa del mismo nombre, y de la expulsión, también forzada, de habitantes de El Tempizque, para una obra complementaria a la planta de tratamiento Agua Prieta, que posteriormente se descartó.

Ambos casos también son ejemplo de impunidad, pues diferentes organismos demostraron violaciones a los derechos humanos de los desplazados e irregularidades en los proyectos que las autoridades estatales en turno planeaban ejecutar, pero en ninguno de los dos hubo repercusiones legales para los responsables.

En el caso de Arcediano, el jurado del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) emitió un fallo en 2008 en el que indica, con base en testimonios de los afectados, “que las autoridades mexicanas se equivocaron, que destruyeron la comunidad Puente de Arcediano que data de más de 200 años, que la obra no se hizo, que el dinero del erario se derrochó y que la reparación integral de los daños continúa pendiente”.

También el tribunal recomendó que se cumpla el derecho de los habitantes a regresar a su poblado, que se les restituya por los daños emocionales y psicológicos que sufrieron y que también se proceda legalmente contra los responsables, es decir, contra César Coll Carabias, entonces titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA) y principal promotor de la obra fallida.

El dictamen se entregó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 9 de noviembre de 2012, cuatro años después del despojo de Guadalupe Lara, el último habitante de Arcediano, pero a la fecha el caso continúa en el olvido.

Con la misma suerte corrieron los habitantes de El Tempizque, un poblado también enclavado en la barranca del río Santiago. Ese terreno fue requerido por el mismo Coll Carabias para convertirlo en un monorrelleno, es decir, en un espacio para depositar los lodos que generaría el tratamiento del agua de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

Durante la administración del ex gobernador Emilio González Márquez se concretó la expropiación de las viviendas y se destruyó el pueblo, pero no alcanzó el tiempo para concretar el proyecto en su gestión. Cuando llegó Aristóteles Sandoval Díaz se canceló el monorrelleno, pues era inviable hacerlo dentro un Área Natural Protegida como lo es la barranca del río Santiago.

El saldo de estos dos casos fue la expulsión de 340 personas entre ambos pueblos, la devastación de dos lugares para vivir, la fragmentación de familias, daños emocionales y patrimoniales que nunca se resarcieron, así como un derroche de dinero público que no será reintegrado.

Tempizque, el terreno olvidado

En El Tempizque vivían 200 personas que, a decir de algunos habitantes, eran parientes entre sí y vivían de los cultivos de maíz que tenía la mayoría, río abajo. De ser un pueblo tranquilo, de pronto vino la presión por parte de la Comisión Estatal del Agua (CEA) para que vendieran sus propiedades, pues ésta tenía el plan de convertir el lugar en un espacio para depositar lodos contaminantes, producto de la limpieza del agua urbana.

Los trámites para hacer este cambio de uso de vocacionamiento en El Tempizque comenzaron en 2006; la otrora Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (Semades) se encargó de ellos, y en 2010 hizo lo propio el Ayuntamiento de Zapopan, municipio donde está enclavada la ex localidad.

Los pobladores no querían irse, pues era el lugar donde nacieron y donde trabajaban, pero estas instancias los presionaron al punto que cada uno fue aceptando su indemnización. En la adquisición de los 82 terrenos el gobierno del estado erogó 117 millones 210 mil 326 pesos, de acuerdo a documentos en posesión de NTR.

Quienes habitaban ahí no tuvieron más opción que dedicarse a otra actividad en otro lugar, recibieron indemnizaciones que oscilaron entre 92 mil y hasta un millón de pesos, en el caso de aquéllos que tenían varias propiedades. No obstante, los 300 vieron cómo su pueblo se redujo a escombros en cuestión de días. A la fecha es un lugar en ruinas.

Con el cambio de administración, la ahora titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), Magdalena Ruiz Mejía, en una de sus primeras acciones como funcionaria estatal, dijo que cancelarían el monorrelleno porque continuar con las obras constituía un delito ambiental.

Además, aseveró que comenzarían procesos administrativos contra los ex funcionarios responsables del despojo y del gasto millonario en la obra que no iba a llevarse a cabo. La Contraloría de la Semadet aseguró a este medio que dichas investigaciones no han terminado, por lo que no hay sanciones todavía.

Por otro lado, Sandoval Díaz aseveró que el destino de El Tempizque, un lugar en el que ahora sólo existe escombro cubierto por vegetación de la barranca, era convertirse en un parque público. Cuestionado por este medio al respecto, el mandatario reconoció que no hay dinero para ello.

Cuesta Arcediano 800 mdp

Aunque nunca empezó la obra civil, la presa de Arcediano implicó un gasto al erario de 823 millones de pesos en 157 estudios, tres actualizaciones, pago de indemnizaciones y reubicación del puente de Arcediano, entre otros conceptos que devinieron en la exterminación de un pueblo con 200 años de antigüedad.

Todos estos gastos y medidas recayeron en los sexenios de los panistas Francisco Ramírez Acuña y Emilio González Márquez, quienes se encargaron de darle seguimiento al proyecto desde inicios de 2000, con prácticas que incluían amenazas a los pobladores: de no abandonar el lugar, dinamitarían sus viviendas.

Entre estas medidas hostiles hacia los 140 habitantes de Arcediano, Guadalupe Lara fue la acérrima detractora de la presa, porque se negaba a que le fueran violados sus derechos humanos, pues ella deseaba seguir viviendo en el pueblo en el que creció y en donde se dedicaba a su tienda de abarrotes.

Su lucha ayudó a visibilizar el sentir de quienes estaban siendo obligados a salir de sus casas, pues acudió ante el TPP y a sendas reuniones de trabajo con diferentes organismos durante las cuales exigió la cancelación del proyecto hidráulico, que a principios de 2000 se perfilaba como la obra que resolvería el abasto de agua de largo plazo para la zona metropolitana.

La presión de la CEA hacia los pobladores de Arcediano inició en 2003 y, de acuerdo a lo declarado por la señora Lara en distintos momentos, a partir de ahí “se acabó la paz y la armonía, las familias se desunieron y hasta enfermaron”.

Desde entonces y hasta 2007 las autoridades lograron su cometido: que casi la totalidad de los habitantes claudicara y vendiera sus propiedades. Entre ellos, uno de los hermanos de Guadalupe Lara, a quien le pagaron 100 mil pesos por cada uno de sus siete predios.

Esta mujer fue la última persona en dejar el poblado, en 2008, cuando éste ya estaba siendo derrumbado por el gobierno estatal; había personas, recordó, atestiguando los derrumbes con lágrimas y coraje, mientras “los perritos buscaban a sus amos y se echaban cerca de las casas demolidas”.

Para entonces, ya se había generado un gasto millonario en estudios de viabilidad e indemnizaciones, a pesar de que académicos y especialistas hacían hincapié en que esa zona no era factible para una presa, pues hay una falla geológica en la barranca que afectaría, además, el río Santiago, que ya estaba gravemente contaminado.

Al poco tiempo, el entonces gobernador Emilio González anunció que el proyecto se cancelaba. A pesar de la petición del TPP hacia el gobierno de Jalisco de cumplir con una serie de atenciones hacia los afectados e, incluso, una disculpa pública, nada de eso ha sucedido.

Temaca, un despojo en curso

A pesar de las experiencias vividas en la entidad, una historia vigente con similitud a las anteriores es la de los pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, en el municipio alteño de Cañadas de Obregón, que también están siendo presionados por los gobiernos federal y estatal para desalojar sus viviendas y darle lugar a la presa El Zapotillo.

Este proyecto hídrico, que data de inicios de 2000, era la segunda alternativa para abastecer de agua a la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), mientras el gobierno estatal gestionaba la presa de Arcediano. Pero una vez desestimada, se consideró El Zapotillo como la única opción.

Aunque la cortina de la presa está prácticamente terminada a 80 metros de altura, ninguno de los afectados se ha retirado de los pueblos, a pesar de que algunos ya han recibido una indemnización, pues esperan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva a su favor los dos amparos vigentes, que mantienen detenida la obra desde hace más de un año.

No obstante, el representante de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Jalisco, José Elías Chedid Abraham, ha dicho que independientemente de la altura de la cortina que determine la corte, los pueblos se destruirán para ser inundados.

En cifras:

2 pueblos fueron destruidos para obras que no se concretaron

300 personas fueron desalojadas

DN/I