El Itei pide que atiendan observaciones

La presidente del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (Itei), Cynthia Patricia Cantero Pacheco, ve conveniente que los diputados locales, a quienes les quedan 14 días en el cargo, sean quienes atiendan las observaciones realizadas por el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz sobre las reformas a la ley de transparencia, pues fueron ellos quienes las aprobaron con deficiencias.

A propósito de que el mandatario estatal vetara las reformas a dicha ley el pasado jueves, Cantero Pacheco dijo que las observaciones que envió al Congreso deben ser consideradas, pues su origen está en mesas de análisis tanto del Itei como de expertos y de la sociedad civil realizadas durante los últimos meses.

El documento que envió el gobernador a los diputados sobre las mejoras que se pueden hacer a la ley de transparencia consta de 15 observaciones realizadas previamente por el Itei, en las que sugieren incluir al Colegio de Notarios como sujeto obligado, que se publique información detallada sobre las cuentas públicas y que los resultados de las auditorías a estas cuentas sean publicadas una vez aprobadas por el Congreso, principalmente.

Además, pide que se amplíen los plazos para que los solicitantes de información pública se inconformen en caso de que reciban una respuesta no satisfactoria. Dichas observaciones se realizan a un mes de que los diputados de la quincuagésima novena Legislatura (59) aprobaran las reformas a la ley de transparencia sin estas consideraciones.

Sancionan a ex alcaldes

Por incumplir con su obligación de proporcionar información fundamental y negar la que solicitaron los ciudadanos, el Itei aprobó sancionar a cuatro ex alcaldes y a un tesorero municipal de la gestión 2012-2015.

Se trata de dos multas económicas por mil 402 pesos impuestas al ex presidente municipal de El Salto Joel González Díaz y al ex tesorero de Villa Purificación Juan Gabriel Villaseñor Aguilar; el primero incumplió en transparentar en su sitio web información fundamental y el segundo se negó a entregarle a un solicitante datos sobre las finanzas de su Municipio.

Las tres sanciones restantes consistieron en amonestaciones públicas con copia en su expediente laboral para los ex alcaldes de Tenamaxtlán, Luz María Barragán Rosas; de La Huerta, Jesús Julián Déniz Sánchez; y de Zapotlán del Rey, Jesús Cuervas García, también por omitir información fundamental en el lapso final de su administración.

Pide transparentar escoltas

El Itei ordenó al Ayuntamiento de Guadalajara que entregue la información de los elementos de la Policía Municipal asignados como escoltas a diferentes personas.

El consejo del instituto resolvió un recurso de revisión presentado por un ciudadano que se inconformó contra la negativa de la autoridad municipal de entregarle información relacionada con los escoltas y determinó que el ayuntamiento debe proporcionar la información.

Luego de que se eliminaron de la ley de transparencia algunos puntos que hacían más opaca la administración pública y tras recibir numerosas críticas, el gobierno del estado se vio forzado a escuchar a distintas organizaciones y plantear observaciones a dicha ley. Entre los cambios que ahora recoge destaca transparentar pólizas de cheques, auditorías y gastos de notarios.

Estos son tres puntos de los 15 que se propusieron entre las observaciones a la ley que el pasado jueves regresó al Congreso del Estado, donde se aprobó a ciegas el documento que el propio gobernador Aristóteles Sandoval Díaz había presentado; representan los aspectos más criticados por organizaciones como Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra), la Asociación Mexicana de Derecho a la Información capítulo Jalisco (Amedi) y el Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo (Cesjal) las cuales calificaron como retroceso el documento aprobado el 8 de septiembre.

El nuevo documento en el que el Ejecutivo estatal reconoce el “disentir” de la sociedad civil organizada “al considerar que no armonizaba con la ley general en la materia” formula que los resultados de los informes de las auditorías en las cuentas públicas sean contempladas como información fundamental una vez aprobadas por la Comisión de Vigilancia.

En el documento de observaciones, que contiene errores ortográficos, el Ejecutivo justifica que como parte el proceso legislativo se decidió “omitir” el contemplar al Colegio de Notarios como sujeto obligado, pese a que en el dictamen de primera lectura sí estaba previsto, por lo que nuevamente sugiere “incorporarlos de manera expresa en la máxima divulgación de la información estatal”.

Lo mismo propone para el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, el cual, aunque se incorpora como sujeto obligado de manera expresa, no se le establece de manera pormenorizada información especial como sujeto obligado, como se realiza con el resto de los sujetos obligados, por lo que deben hacerse las adecuaciones.

Las pólizas de cheques

Respecto a las pólizas de cheques, pide que al transparentarlas además se incorporen elementos como el motivo de la erogación, o en su caso, la descripción que aparezca en la factura correspondiente, siempre y cuando con ello se aporten los elementos cualitativos y cuantitativos de la finalidad del pago.

También considera pertinente incluir en el artículo 5 de la ley local en la materia el principio de presunción de existencia de la información “de manera explícita y categórica, en los términos supracitados, así como la correlativa obligación de los comités de Transparencia de los sujetos obligados de declarar la inexistencia de la información”. Es decir, si alguna normatividad establece que la información debe existir, entonces la autoridad debe tenerla, de lo contrario deberá justificar las razones por las cuales no cuenta con ella y por tanto está violando la ley.

También el gobierno estatal atendió la exigencia de que los ciudadanos tengan un plazo más amplio para acudir a quejarse ante el Instituto de Transparencia e Información Pública (Itei) en caso de que no estén satisfechos con la respuesta que les otorgue cualquier sujeto obligado. En este punto la norma general establece un plazo de 15 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta o del vencimiento del plazo para su notificación.

En información reservada, Sandoval Díaz pide que se reforme el artículo 18 relativo a la negación de la información catalogada de este tipo, ya que el Poder Legislativo homologó dicho numeral a lo dispuesto en la ley general que reformado hace referencia únicamente a la seguridad nacional, lo cual resulta restrictivo y pone en riesgo la información de seguridad pública del estado, por lo que sugiere también que se clasifique como reservada toda aquella información de este tipo.

HJ/I