¿Límites a partidos políticos?

¿Tenemos diputados valientes? De ésos que legislan pensando en el bien mayor, que no les imponen criterios partidistas y que ponderan el beneficio social. ¿Los hay? Muy pocos, casi contados con los dedos de una mano, y eso no es sano; en el Congreso del Estado lo que cuentan son las mayorías, las generadas por alianzas políticas y son las que llevan la batuta.

Lo pregunto porque para poder poner límites, regular y acotar a los entes con poder se requiere ese perfil de legislador, y no lo encuentro. He visto la cartera de diputados que ha desfilado en las últimas tres legislaturas y muy pocos han destacado en este sentido.

No voy a decir nombres porque no pretendo hacer valoraciones individualistas, sólo quiero resaltar que urge este perfil para poner límites a los que reciben dinero público y carecen de límites para gastarlo: los partidos políticos.

Hay que resaltar y aplaudir que la legislación mexicana haya dado un paso adelante al poner topes a los gastos de campaña y poner reglas más estrictas para su fiscalización, pero no es suficiente.

Es el primer paso rumbo a la regulación de los partidos políticos y lo que falta de controlar el gasto interno.

Actualmente esta normatividad sólo regula el gasto electoral sin contar con algún lineamiento para controlar la forma en que gastan los dineros públicos por parte de los institutos políticos.

La ley es tan laxa que podrían gastarse todo el financiamiento público en automóviles o todo en nómina, en muebles, en edificios o en viajes, y nadie los podría calificar de ilegales o sancionarlos porque no tienen límites. Estos gastos eluden la fiscalización fuera de tiempos electorales y carecen de reglas claras sobre cómo hacer sus compras o contrataciones.

La Ley de Transparencia e Información Pública del Estado los ha obligado a transparentar sus gastos y subir la información en línea, y aunque es un avance, no es suficiente. ¿Por qué? Porque se compran vehículos sin saber si son necesarios, realizan cursos de capacitación sin que conozcamos a quiénes y para qué o compran mobiliario y papelería a granel sin especificar qué artículos adquieren y adónde se van. El escrutinio es verbal sin que haya herramientas legales para castigar, sancionar y evitar que se repita.

Los partidos tienen cajas negras que usan a su libre albedrío e impunidad. No hacen licitaciones para buscar el mejor precio del mercado, no hacer evaluaciones para contratar a su personal y no tienen límites para la adquisición de artículos o servicios.

En el primer trimestre, tres partidos gastaron 8.2 millones en compras generales sin dar muchos detalles, algunas al mismo proveedor y sin tener la garantía del mejor precio; también dieron préstamos personales, compraron vehículos y aceptaron servicios de los cuales desconocemos si todo era necesario. Lo que sí se sabe es que fue legal porque está justificado en papel.

Ni siquiera les dan explicaciones a sus militantes y tampoco pueden pedirlas porque carecen de mecanismos internos.

Cada año el financiamiento público incrementa y los partidos políticos siguen abultando sus arcas. Hasta el momento, ningún legislador ha querido disminuirlo o cambiar la fórmula; al contrario, han modificado las leyes y ha incrementado el recurso anual.

Con estas premisas, ¿algún instituto político permitirá que sus legisladores les quite esta libertad financiera? Quiero verlo para contarlo y dar la noticia, pero por precaución, mejor espero sentada.

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