Quinto Patio

Lo suyo, lo suyo no es la relación con medios informativos. Si uno, alcalde con licencia de Guadalajara, Enrique Alfaro, llamó “basura” a empresas mediáticas y le preparan “carpetotas” de periodistas para intimidarlos; otro, el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, derrapó gacho a través de su jefe de gabinete, Juan José Frangie, a quien se le señala de intentar detener en un impreso local la publicación de un desplegado en que el empresario Francisco Padilla hace señalamientos graves de corrupción dentro del ayuntamiento, que debieran investigarse en serio.

Con millonarios gastos del erario destinados a empresas de comunicación consentidas, pese a que los ayuntamientos tienen oficinas de comunicación social municipales nada pequeñas, como que para algunos funcionarios empujados por Movimiento Ciudadano no les caen veintes sobre el rol de los medios informativos serios. Ya van dos años de gobiernos metropolitanos y como que en ese tema siguen no naranjas, sino de un color verde tomate. Incluyamos ahí algunos legisladores locales y federales.

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El Partido Verde Ecologista sucursal Jalisco pasó las últimas semanas revisando opciones para designar a su candidato a gobernador, pues recordemos que no va en alianza local con el PRI. Después de analizar perfiles, se quedó con el mismo al que le había echado el ojo desde el principio del proceso, el ex diputado local Salvador Cosío Gaona, quien hasta había dejado sus aspiraciones para estar en la boleta por la vía independiente.

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Las dos denuncias que presentó la Contraloría del Estado por malos manejos en el área de préstamos del Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal) en la actual administración, exhiben cómo se operó en el organismo. En un caso se alteró una factura en beneficio de una hermana del jefe de Gestiones de Préstamos del instituto en 2014. Las firmas de la mujer que solicitó el préstamo por más de 300 mil pesos no coincidían con las de su credencial para votar.

En otro caso, el nombre de un trabajador fue utilizado para también sacar provecho a los préstamos del Ipejal y le concedieron más de 300 mil pesos a alguien más, sin que se haya entregado la documentación. El empleado presentó una queja. Peeeeeeero en ninguno de los dos casos hay sancionados y las denuncias se presentaron desde 2016. ¿La Fiscalía Anticorrupción dará una sorpresita antes de que pase la mitad de año?

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A propósito, no tenía ni dos minutos de haber rendido protesta el titular de la Fiscalía Anticorrupción, Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, cuando recibió su primera tarea: investigar presuntas irregularidades en la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ). La encomienda al estrenado fiscal se la dio el hermano de quien impugnó su nombramiento, oséase Augusto Valencia, quien acompañado de la legisladora Consuelo Robles Sierra le entregó el oficio firmado también por sus compañeros Alejandro Hermosillo González y Salvador Caro Cabrera. Obviamente no es rencor, aclaró Augusto.

El apuro es porque se investiguen presuntas irregularidades en la SSJ y el ex titular de la dependencia, Antonio Cruces Mada, a quien se menciona como probable responsable por el desabasto de medicinas caducas, fallas en la Maternidad López Mateos y el Hospital de Vallarta, la deuda con proveedores y observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Leve, leve.

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Los casos de ejecutados, encobijados y descabezados son tema de plática en esta vecindad. Imagínense: a veces, hasta en nuestras narices arrojan víctimas. Mientras, las policías gastan gasolina con sus patrullas nuevas y hasta se integró al gobierno del estado el ex primer fiscal que no amainó el matadero.

Los vecinos comentamos, nos asustamos y nos cuidamos. Unos dicen que los responsables son maleantes, otros que caen en ese mundo por la necesidad, pero pareciera que a la autoridad le da igual si matan a uno o a veinte durante un fin de semana, pues son “reacomodos” entre bandas. Es grave que la delincuencia organizada marque la pauta y la agenda de la seguridad al gobierno. ¿Qué no debería ser al revés?

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JJ/I