Sin haber colocado ni siquiera un tubo, la empresa española Abengoa demandó que le sea pagada la obra del acueducto que iría de la Presa El Zapotillo a León, Guanajuato. El monto que se le tendría que cubrir, gracias a acciones y omisiones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), sería superior a los 5 mil millones de pesos.

El 25 de agosto del año pasado, el representante legal de la empresa Abengoa, Juan Manuel Valladolid Moro, envió al Organismo de Cuenca Lerma, Santiago, Pacífico de la Conagua la renuncia sin responsabilidad a la concesión del acueducto.

Dicha concesión consistía en la elaboración del proyecto de ingeniería, la construcción, el equipamiento, la operación, la conservación y el mantenimiento de la infraestructura consistente en el acueducto El Zapotillo. Según los particulares, la Conagua, “en su calidad de autoridad concedente, ha incurrido en el incumplimiento permanente y generalizado de sus obligaciones, específicamente respecto de la entrega puntual, oportuna, completa e integral de los derechos de vía y de la necesaria modificación o suspensión al título de concesión”.

En documentos obtenidos vía transparencia, de los que El Diario NTR Guadalajara tiene copia y en los cuales la autoridad borró los montos demandados, la empresa Abengoa exige que se le pague su aportación de capital, gastos financieros, gastos no recuperables, indirectos de mayor permanencia, estimaciones pendientes de cobro aprobadas, intereses de demora por falta de pago, costos reconocidos en la tercera modificación del título de concesión, así como seguros, fianzas y cartas de crédito.

El abogado Alejandro López Aguayo explicó que esto significa que la empresa demanda el monto total que iba a aportar a la obra, como si ésta se hubiera construido. Según las últimas actualizaciones que se habían realizado sobre la inversión que se haría en el acueducto, se hablaba de 8 mil 500 millones de pesos, de los que Abengoa debía pagar 51 por ciento, es decir, al menos unos 4 mil 335 millones de pesos. A eso habría que sumarle el resto de los montos exigidos.

La empresa culpa a la Conagua de “la ruptura del equilibrio financiero de la concesión”, al incumplir de manera permanente y generalizada con sus responsabilidades, por lo que agrega que esa situación originó “una carga económica” que Abengoa “no tiene la obligación jurídica de soportar”.

Reclamo

El principal incumplimiento por parte de la comisión, se especifica, fue en lo referente a la entrega “puntual y oportuna, integral y completa de los derechos de vía” por los cuales pasaría el acueducto. Como prueba, señalan, están las modificaciones que hizo el propio organismo a los plazos establecidos en el título de concesión.

Según los documentos anexos, el acta de inicio de vigencia de la concesión se firmó el 11 de octubre de 2011, la cual sería por un periodo de 25 años. Ésta quedaría sujeta a la constitución del fideicomiso de administración, el convenio de apoyo del Fondo Nacional de Infraestructura, el fideicomiso del gobierno del estado de Guanajuato, la contratación de una línea de crédito y la entrega de los derechos de vía.

El 9 de octubre de 2012, la Conagua amplió el plazo para el cumplimiento de las condiciones establecidas en el convenio, con la emisión de un acuerdo administrativo que estableció una prórroga de 12 meses, contados a partir del 14 de octubre de 2012.

Unos días antes de que se venciera ese plazo, el 9 de octubre de 2013, Conagua emitió un nuevo acuerdo de prórroga de 12 meses, contados a partir del 14 de octubre de 2013. Finalmente, el 15 de mayo de 2014, hubo un nuevo acuerdo para modificar las condiciones del título de concesión, para establecer como condición “la entrega formal del uso y goce libre, pacífico, temporal y gratuito de por lo menos 60 por ciento de la totalidad del derecho de vía y de los terrenos, así como la obtención de todos los permisos y autorizaciones necesarias para el uso y goce libre, temporal, pacífico y gratuito de los inmuebles en el municipio de León”.

Estos documentos emitidos por Conagua son el sustento de la exigencia de Abengoa, que asegura son la prueba de que el incumplimiento en la obra no se le puede atribuir. Por ello, presentó la renuncia sin responsabilidad, que implica que las obligaciones de las partes vinculadas a hechos futuros o por realizarse quedan sin efecto, pero “no así las obligaciones y derechos que ya tienen vida jurídica por derivar de hechos o actos jurídicos ya consumados”.

La empresa adjuntó distintos oficios sobre los requerimientos que hizo a Conagua para la entrega de los derechos de vía y terrenos en León, Guanajuato, así como de los permisos, licencias y autorizaciones para la obtención de la licencia de construcción.

Al final, asegura, sólo le fueron entregados 46 por ciento de los derechos de vía y, de éstos, solamente 9 por ciento tenían permisos para construir el acueducto.

Uno de los puntos reclamados por Abengoa es también el pago de lo que habría cobrado por la llamada tarifa T1, durante un plazo de 264 meses. Esto, porque en el contrato se señala que, en caso de terminación anticipada del título de concesión durante el periodo de inversión, la concesionaria recibirá a partir del mes 37 de la firma del acta de inicio de la vigencia de la concesión y durante el plazo originalmente pactado de 264 meses el monto de la tarifa T1”.

Abengoa

Incumplimientos señalados

•  Conagua sólo ha entregado a la concesionaria 46 por ciento del derecho de vía y terrenos necesarios
•  De esos predios, sólo 9 por ciento cuenta con las licencias, permisos y resoluciones necesarios para construir sobre ellos el acueducto
•  La dependencia no cumplió con la obligación de entregar al concesionario oportunamente la autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales
•  No realizó la modificación al contenido del título de concesión y al contrato de prestación de servicios, acorde a la realidad actual
•  No llevó a cabo las acciones necesarias para la definición técnica respecto del nuevo trazo
•  No se implementaron las acciones necesarias para resarcir al concesionario de las afectaciones económicas que ha sufrido con motivo del cambio de los términos y condiciones originales y se cubran a la empresa concesionaria del acueducto El Zapotillo las afectaciones económicas que ha tenido

Prestaciones demandadas

1. Aportación de capital
2. Gastos financieros
3. Gastos no recuperables
4. Indirectos por mayor permanencia
5. Estimaciones pendientes de cobro aprobadas
6. Intereses de demora por falta de pago
7. Costos reconocidos en la tercera modificación al título de concesión
8. Seguros, fianzas y cartas de crédito

Sin impacto ambiental ni social

El proyecto para la construcción de la Presa El Zapotillo y el acueducto que llevaría el agua de ésta hasta León, Guanajuato, no tiene manifestación de impacto ambiental y estudio de riesgo de impactos ambientales y sociales.

Así lo asegura el Congreso del Estado en la controversia constitucional que presentó la semana pasada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que se revierta el acuerdo de distribución de aguas firmado por el ex gobernador Francisco Javier Ramírez Acuña, en 2005.

En los puntos que se señalan como argumentos, los legisladores locales refieren que en dicho acuerdo, firmado por los gobiernos federal y de los estados de Guanajuato y Jalisco “para llevar a cabo un programa especial sobre los usos y distribución de las aguas superficiales propiedad nacional de la cuenca del río Verde”, hay una omisión por parte de la autoridad.

Lo anterior, porque no se incluyó “la manifestación de impacto ambiental para la ejecución del acueducto Zapotillo-León”, con lo cual “se violan los derechos humanos de los jaliscienses a la igualdad y a la propiedad, a la seguridad jurídica y al acceso a un medio ambiente sano, al acceso al agua, al derecho a la alimentación y al derecho al desarrollo con dignidad”.

Además, aseguran que tampoco se presentaron “los estudios de riesgo, de impactos ambientales y sociales, al amparo del principio precautorio” de la Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo.

Entre las omisiones graves, señala el texto de la controversia, “no existe un dictamen sobre los análisis de factibilidad técnica, económica, social y ambiental del referido proyecto que contemple todos los impactos que tendrá para dicha región la pretendida ejecución del citado proyecto”.

Esa factibilidad debe incluir la aceptación social de la obra, para lo cual tendría que llevarse a cabo una “consulta libre, previa e informada”. Además, plantean que se tome en cuenta la importancia que tiene la región de Los Altos en la producción de alimentos para el país.

JJ/I

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