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Han trascurrido los primeros 15 días del año 2024 y nada indica que los problemas que nos dañan y que venimos arrastrando de años encontrarán solución y quizá ni siquiera una mejor atención. La agenda de pendientes es vasta y, antes que reducirse, tiende a ensancharse. Las políticas asistenciales de los gobiernos solo los atemperan un poco, pero no pueden ni pretenden solucionarlos de raíz. Aunque digan que sí, esto resulta un imposible dentro de este sistema dado que su existencia misma es la que los produce.
Solo voy a referirme en esta primera columna del año a dos cuestiones que me parecen vitales para la vida: el tema del agua potable y la desaparición de personas. Ya sé que con opiniones de este tipo desentono y hago parte del minoritario grupo de personas que nos negamos a aceptar que este año lo único y más importante sobre lo cual bordar sea el asunto electoral y los enjuagues de la clase política que conlleva.
Aparentemente son temáticas que no guardan relación. Yo lo veo de otra manera. Hasta puedo decir que se trata de dos frentes de la guerra informal o de baja intensidad desplegada por el capital y el Estado contra la parte de la sociedad de por sí jodida. Decirlo así, hablar de guerra, a pesar de las múltiples evidencias, a muchos les sigue pareciendo una verdadera exageración.
En estos frentes, como es común en toda guerra, lo que está en juego es la vida de muchas personas. Con particular insistencia el año pasado desde variados rumbos de la ciudad se manifestaron protestas por las fallas en la dotación del servicio de agua potable a cargo del Siapa y también porque el agua que salía de la llave es de color tan turbio como el de las alianzas electorales. Por su parte, el número de protestas por los desaparecidos fue incontable.
En otra columna dije que el Siapa en medio siglo de existencia no ha logrado que el agua que llega a todos nuestros domicilios sea verdaderamente potable. Dije también que tal ineficiencia de este organismo público había devenido en el argumento perfecto para la emergencia del negocio de agua embotellada. Pues ahora resulta que investigaciones recientes han afirmado que el agua embotellada tampoco es verdaderamente potable porque contiene altas cantidades de microplásticos, los cuales son sumamente riesgosos para la salud. Así las cosas, parecería que nuestra única opción es que, socialmente, nos hagamos cargo de potabilizar el agua que consumimos.
Desafortunadamente durante este año también tendremos que seguir sufriendo y resistiendo a las incontenibles desapariciones de personas. El crimen organizado es permitido antes que decrecer y sigue fortaleciéndose. Y ante ello, los gobernantes, federal y estatal, se pasaron el sexenio peleando entre sí para demostrar que su estrategia es mejor, mientras coincidían en desaparecer a los desaparecidos, al tratar de reducir el punto a una cuestión de números. ¿Acaso les parece que 90, 80 o 50 mil desaparecidos es un número aceptable?
Entonces dónde está la relación o la vinculación entre el agua que no es potable y los desaparecidos. Simple: en los dos casos estamos hablando de los ataques a la vida que se hacen desde el gobierno, por un lado, al permitir que el Siapa distribuya agua no potable y que las embotelladoras, además de despojarnos de ese bien común, tampoco cumplan con lo que dice su publicidad de ser agua potable, y por otro lado, que el Estado, vía sus gobiernos, no cumple con su principio fundacional de asegurar la integridad física y patrimonial de los gobernados.
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