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Estrategia
Después del debate
El Congreso del Estado deberá despenalizar el aborto en la entidad. La orden la emitió ayer el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito al resolver el amparo en revisión 344/2023, impulsado por diversas organizaciones.
La determinación declara inconstitucionales los artículos que prohíben de forma absoluta el aborto voluntario en el Código Penal de Jalisco y ordena al Congreso local derogar el delito de aborto autoprocurado y consentido. Cuando el Legislativo la acate, Jalisco se convertirá en la decimotercera entidad en despenalizar el aborto, celebraron las organizaciones.
“(La despenalización es un logro que) parte de una estrategia jurídica nacional impulsada por GIRE en colaboración con otras organizaciones a principios de 2022 con el objetivo de que a ninguna mujer, hombre trans o persona no binarie gestantes, ni al personal de salud o a las personas que acompañan, se les criminalice por aborto”, informó la organización feminista GIRE en un comunicado.
En los trabajos estuvieron involucradas el Centro de Acompañamiento, Desarrollo e Investigación Feminista, AC; Centro de la Diversidad y los Derechos Sexuales, AC; Omeyocan, Psicoterapia, Sexología y Desarrollo, SC; Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, AC, y Colectivo Latinoamericano Emma Goldman, AC.
La determinación del tribunal retoma los criterios establecidos por la Corte del caso Coahuila, en el cual la SCJN determinó en septiembre de 2021 que artículos de su Código Penal eran inconstitucionales por penalizar el aborto. La resolución fue histórica, pues abrió la puerta para que a nivel nacional se le quitara el castigo a la interrupción voluntaria del embarazo.
La resolución también tomó en cuenta lo resuelto en el caso Aguascalientes, en el que la Corte determinó el 30 de agosto de 2023 que el Congreso local estaba obligado a eliminar las normas que criminalizaban de forma absoluta el aborto consentido, pero también la determinación de la SCJN respecto al Código Penal Federal tomada el 6 de septiembre de 2023, cuando la Suprema Corte reiteró la inconstitucionalidad de la penalización absoluta del aborto y ordenó al Congreso de la Unión derogar el delito de aborto en dicho documento.
“Aplaudimos los pronunciamientos novedosos emitidos por el Tribunal Colegiado en materia de laicidad, igualdad y no discriminación, así como de la importancia de la autonomía individual, reproductiva y el vivir de manera libre de estereotipos de género e imposiciones. Asimismo, exigimos que se garantice el aborto como un servicio de salud esencial al que las mujeres, hombres trans y personas no binaries gestantes pueden recurrir”, añade el comunicado
El Código Penal del Estado de Jalisco describe al aborto y sus penas en el capítulo octavo, el cual incluye los artículos 227, 228 y 229.
El documento describe al aborto como “la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez” y las penas a la mujer que voluntariamente aborte son de 4 meses a 1 año de prisión dentro de los primeros 5 meses del embarazo. Si es después, la pena es doble.
Estas penas pueden ser sustituidas por un “tratamiento médico integral”, según lo considere el juez. No debe haber reincidencia.
El código también establece que a quien haga abortar a una mujer de manera voluntaria se le impondrán las mismas penas. Si se obliga a la mujer a abortar, serán de 3 a 6 años de cárcel, y si hay uso de violencia, de 4 a 6 años de prisión.
En cuanto a las personas profesionales que practiquen el aborto, se les inhabilitará por 5 años, según el Código Penal.
Sólo entre enero y marzo de este año suman cinco carpetas de investigación abiertas por el delito de aborto en Jalisco: tres en enero y dos en marzo, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) inició una investigación de oficio para saber por qué se le negó en Jalisco el derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE) a una niña de 12 años víctima de violación.
La quinta visitadora de la CEDHJ, Mariana Sofía Márquez, apuntó que aunque no se ha interpuesto una queja por los hechos, ya sea de colectivos, organizaciones o la niña, la comisión comenzó un proceso de investigación para conocer qué fue lo que ocurrió que llevó a las autoridades a negar el derecho al aborto a la menor.
La noche del martes, la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) confirmó que a la niña se le practicó el procedimiento en la Ciudad de México. Tras presión de organizaciones, la secretaría la trasladó a la Ciudad de México (CDMX) para que un médico especialista le practicara el procedimiento, el cual se le realizó más de una semana después de haberlo solicitado.
La razón de trasladarla hasta la CDMX fue que la niña ya estaba en el tercer trimestre de embarazo y en el estado no se pudo encontrar a una persona especialista para realizar la intervención de forma segura, lo que según la visitadora se trata de una falta institucional que debe investigarse.
Para conocer las posturas y ahondar en la investigación, la CEDHJ solicitó informes específicos a la Fiscalía del Estado, y a las secretarías de Salud y de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, pero de entrada se está ante un contexto que no garantizó un derecho de la niña.
Por otro lado, la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Mara Robles Villaseñor, aseguró que 35 de los 38 diputados locales son cómplices de los casos de abuso sexual infantil al no legislar sobre el aborto.
El señalamiento lo lanzó debido a que, como en Jalisco el aborto no es legal, se dan casos como el de la niña de 12 años a la que se le negó el procedimiento pese a ser víctima de violación.
A la fecha, añadió, sólo tres legisladores han impulsado una legislación del aborto, pero han sido ignorados. Son Susana de la Rosa Hernández, de Futuro, y Enrique Velázquez González, su compañero de bancada en Hagamos, y ella. Lauro Rodríguez, Jessica Pilar Pérez
jl/I