No m�s violencia

Estando a un mes de las elecciones federales, el contexto de violencia en que se encuentra inmerso nuestro país parece no tener fin. Todavía no terminamos de entender cómo tres estudiantes de cine en Guadalajara fueron privados de la vida a manos del crimen organizado por —según la autoridad— estar en el momento y lugar “equivocados”,  cuando ahora un bebé de apenas 8 meses de edad muere a causa de las quemaduras provocadas en un incendio intencional del autobús en el que viajaba con su mamá, en el marco del atentado a quien fuera secretario del Trabajo del gobierno del estado en Jalisco.

La violencia crece y se hace presente en la vida cotidiana; mientras que parte de la sociedad tiende a normalizar el horror y seguir como si nada pasara, muchas voces reclaman atención de fondo a las causas que la generan. Vivimos una violencia estructural, llamada así porque el Estado y sus instituciones no son capaces de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, ni los derechos fundamentales de las personas, lo que pone a todos los habitantes del país en una situación de vulnerabilidad.

La violencia contra las mujeres, contra los niños y hacia sectores específicos que hoy se consideran en riesgo en México (periodistas, activistas, defensores de derechos humanos y también de políticos en este proceso electoral) es parte de esa violencia estructural. 

En el caso de los periodistas, la organización Reporteros sin Fronteras señala, en su informe 2017, que México y Siria son los países más peligrosos del mundo para ejercer esta profesión. El periodista Témoris Grecko, en su documental No se mata la verdad, hace una crónica de los riesgos para los reporteros en nuestro país, destacando que en los últimos tres años han asesinado a 34. En los primeros cinco meses de 2018 han matado a seis periodistas y desaparecido a uno más. Recientemente hubo una manifestación frente a Palacio Nacional para exponer que desde el 2000 hasta ahora han sido asesinados en México 115 periodistas y desaparecido 25.

Las agresiones a líderes sociales también están al alza durante este sexenio: en promedio cada mes son asesinados cuatro activistas, hay un registro de alrededor de mil 500 agresiones durante 2017 contra defensores de derechos humanos, según el Comité Cerezo. El Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de Derechos Humanos señaló, en marzo de 2018, que México se ha convertido en el país más violento de la región para las mujeres activistas que defienden los derechos humanos con mil 360 ataques entre 2013 y 2016.

Pero ahora, un hecho que llama la atención es el incremento inusitado de violencia hacia las personas que participan en el proceso electoral, documentándose en los diferentes medios de comunicación más de 100 asesinatos de políticos o aspirantes a distintos cargos de elección. Apenas ayer asesinaron a una candidata a diputada en Puebla, y en Juchitán, Oaxaca, a una regidora junto a la fotógrafa que cubría su campaña.

El informe de la consultora Violencia Política, presentado recientemente, menciona un total de 305 agresiones ocurridas en el actual proceso electoral. Por su parte, la consultora Etellerk documenta un incremento de 385 por ciento de asesinatos con relación al proceso electoral de 2015. Todos los partidos políticos, en mayor o menor medida, han sido vulnerables a las agresiones; incluso, en algunas regiones han suspendido los actos de campaña por la inseguridad.

En Jalisco, sigue la impunidad en los asesinatos de Humberto Ortiz García (2016), quien había sido dirigente estatal de Morena; y en los homicidios (2017) de Saúl Galindo, diputado local del PRD; de Salvador Magaña, dirigente municipal de MC en La Huerta; y a Miguel García, coordinador de Morena en Casimiro Castillo.

No podemos acostumbrarnos a la violencia. El tema de la seguridad debe abordarse atendiendo las causas de fondo que la generan y ser prioridad para los nuevos gobiernos.

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