Balance y retos de la transparencia

¿Cuál fue la política pública de transparencia de la administración de Aristóteles Sandoval y qué se espera del gobierno de Enrique Alfaro en esta materia? Todo parece indicar que la política del gobierno que acaba de concluir fue la de concretase en aprobar e intentar obtener buenas notas de las evaluaciones de transparencia efectuadas por organismos públicos y privados.

Por ejemplo: en la verificación efectuada por el Itei, en su plan 2018, el nivel de cumplimiento global del Poder Ejecutivo fue de 85.5 por ciento (incluyó nueve secretarías); en el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas (ITDIF) 2018 de Aregional, Jalisco obtuvo 92.35 puntos (tercer lugar, junto con Yucatán); en el Índice de Capacidades para el Desarrollo Social (Ides) 2018, realizado por Gestión Social (Gesoc), Jalisco alcanzó 87.5 puntos (primer lugar); en el Índice de Competitividad Estatal 2018, del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), la entidad obtuvo 51 de calificación global.

Más allá de lo que nos dicen estos números, ¿qué política pública de transparencia recordamos del gobierno de Aristóteles Sandoval? De acuerdo con las evidencias anteriores, se ocuparon de cumplir con las obligaciones de transparencia que exige la ley. También promovieron mecanismos y plataformas de participación ciudadana (Glosa Ciudadana, Participa Jalisco, Monitoreo de Indicadores de Desarrollo, Mide; Presupuesto Ciudadano y Gobierno Abierto). Todas estas acciones son, sin duda, de las cosas más rescatables que convendría analizar para, en su caso, mejorar y mantener en el nuevo gobierno.

En el balance final de ¿Qué has hecho gobernador? 2018, efectuado por el observatorio Jalisco Cómo Vamos, los periodistas manifestaron su preocupación por la desaparición de información valiosa y de fácil acceso que fue eliminada con Aristóteles Sandoval; también identificaron como un problema importante la impunidad y la nula autonomía de la fiscalía. Por su parte, los empresarios señalaron que las licitaciones de obra pública se encuentran previamente arregladas, “aunque el proceso parezca transparente”, hay arreglos anticipados sobre los ganadores.

Una de las principales deudas y críticas que se vierten sobre la transparencia es su incapacidad para impactar en la reducción de los actos y percepción de la corrupción. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2018, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Jalisco, 91.7 por ciento de la población considera que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes (ocupando el lugar 12 a nivel nacional). Según esta encuesta, los trámites con mayor prevalencia de corrupción fueron aquellos en los que tuvieron contacto con autoridades de seguridad pública, seguido de las gestiones para abrir una empresa y de los trámites ante el Ministerio Público.

¿Cuál será la política de transparencia del gobierno de Enrique Alfaro? ¿Qué papel jugará en la refundación de Jalisco? ¿Cuáles son los retos del gobierno que empieza en Jalisco en este campo? Por los antecedentes de Alfaro, como alcalde de Tlajomulco (2009-2012) y Guadalajara (2015-2018), que logró las calificaciones más altas (100 por ciento) de las evaluaciones por parte del colectivo Cimtra-Jalisco, se podría advertir que la transparencia será una prioridad de su gobierno, ya que además de la voluntad política y de los compromisos de campaña, mantiene al personal que trabajó estos temas siendo alcalde.

Los retos del nuevo gobierno están a la vista: además de superar lo realizado por la administración saliente, la transparencia debe desarrollarse como una política transversal del quehacer gubernamental, utilizarse de manera efectiva como herramienta para la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, favorecer la participación ciudadana en acciones de contraloría social; en una palabra: abrir el gobierno al escrutinio público a fin de mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos, así como recuperar la confianza en las instituciones. Esta tarea no será fácil: requerirá de un fuerte compromiso ético para pasar del discurso a los hechos.

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JJ/I