Entregan expediente de despojo de playa

Vecinos de San Francisco o San Pancho, poblado costero de la llamada Riviera Nayarit, entregaron ayer al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, el expediente de las anomalías que denuncian contra el desarrollo Punta Paraíso, al que señalan de haber “empujado” la propiedad privada hacia la zona federal en playa.

Según información del comité de defensa de los bienes naturales y públicos del poblado de Bahía de Banderas, apenas este miércoles 23 de enero, un nutrido grupo de manifestantes hizo una marcha pública en defensa de la playa “y en contra de las modificaciones que pasadas administraciones han realizado a las zonas federales marítimo-terrestres, permitiendo y facilitando el despojo de decenas de miles de metros cuadrados de playa pública federal”.

El desarrollo Punta Paraíso es de la empresa Pacific Lifestyle SA de CV, cuyos socios principales son Carlos Lemus y Francis Bast, y que pretenden consumar “el primer despojo de al menos mil 200 metros cuadrados de playa, construyendo edificios sobre la duna costera y privando del uso de ésta a la población de forma indefinida y permamente. Peligrosamente y basados en argumentos legaloides pasadas administraciones han realizado cambios en la zona federal marítima y terrenos ganados al mar y aprobado manifestaciones de impacto ambiental que deben ser revisadas y anuladas o derogadas al demostrarse su ilegitimidad”, señalaron en un comunicado difundido previo a la visita del mandatario al estado de Nayarit.

La petición al presidente López Obrador fue su intervención “para que instruya a su equipo de colaboradores en Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) y se investiguen a fondo las modificaciones a las zonas federales marítimo terrestres, los fraudulentos terrenos ganados al mar y las concesiones y los permisos otorgados ilegítimamente que incluyen la concesión DGZF-920/09, del expediente 1368/NAY/2007 16.27S.714.1.9-135/2007, de Futura San Pancho SA de CV y la autorización a la manifestación de impacto ambiental folio  38.01.00.01/3126/17”.

Gestiones realizadas con el equipó coordinador de la visita del presidente, abrió un espacio “de un minuto” para abordar el caso con el mandatario.  La petición que le entregaron: que “se deroguen los fraudulentos permisos y concesiones en la zona federal y terrenos ganados al mar”, que “se demuela el edificio de Punta Paraíso”, que “se restaure la duna costera, zona federal de uso público y hábitat de tortugas marinas y elemento de protección contra huracanes”.

El pasado miércoles, unas 800 personas se movilizaron por la avenida del Tercer Mundo y  terminaron en la playa frente al edificio Punta Paraíso. Previamente, se había acusado a “personas desconocidas” de tratar de impedir la marcha con desinformación.

No es ni de lejos un hecho aislado. Puerto Vallarta-Bahía de Banderas conforma un destino que atrae más de 10 por ciento de las divisas turísticas que llegan al país, pero a la par del crecimiento de su infraestructura y de su potencia económica, ha pagado un alto costo en su patrimonio natural: sus humedales costeros están contaminados, alterados y privatizados por los intereses inmobiliarios y hoteleros. De hecho, a pocos kilómetros al sur, sobre la línea del litoral, existe otro expediente de privatización que ha movilizado a la sociedad local: el estero La Lancha, donde desde hace casi un año se impide el acceso libre.

Contexto

• . El desarrollo inmobiliario ha alterado considerablemente cuerpos de agua de Bahía de Banderas, como son los esteros La Lancha, Punta Negra, Costa Capomo, San Pancho, Lo de Marcos, Punta Raza y Canalán, así como ríos importantes como el que baja en Sayulita y el de El Monteón
• . Frente a las presiones de los intereses inmobiliarios y hoteleros, hay expedientes donde la privatización de facto está ya consumada: Jarretaderas e isla de los Pájaros, en la desembocadura norte del río Ameca. Otros sitios públicos están severamente degradados, como el estero El Quelele

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