Obliga el ISSSTE a triangular contratos

Proveedores de medicamentos y pruebas de laboratorio fueron obligados por la delegación estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) a triangular servicios con una empresa en Puerto Vallarta, que posteriormente no les pagó.

A los particulares, que a su vez subcontrataban a quien antes prestaban directamente sus servicios, les deben alrededor de dos años de recursos que aparentemente la institución sí pagó.

Representantes de empresas afectadas señalan a la empresa Seprac SA de CV, la cual fue creada, según información del Registro Público del Comercio, en marzo de 2017; al mes siguiente ya había recibido los primeros contratos.

Los socios de esta empresa son Maximiliano Chávez Partida y Sofía Chávez Partida, quienes a su vez forman parte de la empresa que recientemente fue denunciada por maestros wixaritari por las irregularidades detectadas en el programa de Escuelas de Tiempo Completo.

Los mismos socios aparecen en al menos otras dos empresas que fueron contratadas durante la administración federal pasada para compras del Seguro Popular, principalmente para la adquisición de uniformes y otros insumos.

Rubén Escamilla, proveedor desde hace más de 10 años del ISSSTE en Vallarta, señaló a este diario que a partir de 2017 fueron obligados a emitir facturas a nombre de la empresa Seprac. Afirmó que era la única manera de prestar sus servicios, por lo que simplemente atendieron las indicaciones.

Durante la mayor parte de 2017 y 2018 ya no pudieron cobrar los servicios que prestaron, que en su caso rebasan el millón de pesos. Al reclamar al ISSSTE, le informaron que la institución ya había hecho los pagos y que desconocían las razones por las que no les habían cubierto los servicios.

EMPRESA TODÓLOGA

La empresa Seprac fue creada el 23 de marzo de 2017 por los hermanos Chávez Partida ante el notario público 26 de Zapopan, Alejandro Romero Hernández.

En el acta, que fue inscrita en el Registro Público del Comercio, se establece como domicilio de la empresa “la zona conurbada de Guadalajara”. En el objeto social se mencionan 114 actividades diferentes, que van desde aquellas relacionadas con la venta de medicamentos y servicios médicos, hasta compra y renta de vehículos, muebles e inmuebles, préstamos, asesorías, difusión, publicidad, estudios de mercado, servicios turísticos y contratación de edecanes.

El capital con el que se conformó la empresa fue de 50 mil pesos.

En uno de los contratos que se firmaron con Seprac, del que El Diario NTR Guadalajara tiene una copia, se señala que “el cliente” prestará servicios de “maquila de estudios de toma de imagen tales como radiográficos, de ultrasonidos y de tomografía” a derechohabientes del ISSSTE.

El 4 de diciembre del año pasado un grupo de maestros wixaritari de 23 escuelas de las comunidades de San Andrés Cohamiata, San Sebastián Teponahuaxtlán y Santa Catarina Cuexcomatitlán, denunciaron ser víctimas de un posible fraude, por el cual se abrió una investigación en su contra por parte de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ).

Los maestros de las comunidades indígenas, quienes fungen como directivos de sus escuelas, fueron obligados a firmar contratos de compra con proveedores específicos de alimentos, material didáctico y recreativo. Los nombres que mencionaron son los de Maximiliano Chávez Partida, Sofía Chávez Partida y Guadalupe Partida.

Estas mismas personas crearon en abril de 2016 la empresa Altea Capital SA de CV y en mayo del año siguiente ya eran proveedores del gobierno de Jalisco. En diciembre de 2017 se firmó el contrato para la compra de 3 mil 840 prendas de vestir para el personal del Seguro Popular en la entidad, por las cuales se pagaron más de 602 mil pesos.

Proveedores con los que la empresa mantiene adeudos solicitaron al Registro Público de la Propiedad información sobre bienes a nombre de los socios de Seprac, pero no encontraron.

Rubén Escamilla dijo que fue el representante del ISSSTE en Puerto Vallarta quien les dijo que a partir de 2017 iban a cambiar “la forma de trabajar” y que era la “única manera de tener contratos”. Por ello, indicó, empezaron a facturar a la empresa Seprac “y desde 2017 ya no se nos hizo ningún pago”. Al reclamar al instituto, les respondió que se trataba de un problema “entre particulares”.

Sin dinero

Rubén Escamilla, proveedor desde hace más de 10 años del ISSSTE en Puerto Vallarta, asegura que le adeudan más de un millón de pesos por la triangulación de servicios

Coincidencia

Maximiliano Chávez Partida y Sofía Chávez Partida, socios de Seprac, son señalados también por un posible fraude en contra de maestros de la zona norte del estado. Los docentes afirman que fueron obligados a firmar contratos de compra con proveedores de alimentos, material didáctico y recreativo, para el programa Escuelas de Tiempo Completo

JJ/I