En los últimos cuatro gobiernos estatales las autoridades han intentado impulsar un proyecto de abasto de agua para la Zona Metropolitana de Guadalajara. Salvo en la actual administración, han tenido la disposición de recursos públicos y congresos locales a modo para que les autoricen lo que pidan; sin embargo, la falta de planeación, la opacidad y los intereses se han convertido en sus principales enemigos.
Cada gobernador en su momento ha culpado a los activistas o afectados por los proyectos para construir presas. Pero en el fondo, el fracaso ha sido su responsabilidad.
Desde el gobierno del panista Francisco Javier Ramírez Acuña se resolvió que la solución para traer agua a la Zona Metropolitana de Guadalajara era construir una presa en el punto conocido como Arcediano. En su momento, el Congreso del Estado le dio el aval para contratar el crédito que permitía al gobierno del estado aportar la parte que le correspondía para la obra, que se sumaría a la asignación de recursos federales.
Es cierto que la resistencia de los habitantes de la barranca complicó el proyecto, en especial la firmeza de Guadalupe Lara, quien logró que su vivienda no fuera demolida. Sin embargo, el proyecto fracasó por las diferencias entre el entonces director de la Comisión Estatal del Agua (CEA), César Coll Carabias, y la Comisión Federal de Electricidad sobre las condiciones de la cortina. Ante la falta de acuerdos, el funcionario estatal terminó por convencer al entonces gobernador Emilio González Márquez de desechar este proyecto.
Fue así como se planeó la construcción de una planta derivadora, en el punto de El Purgatorio. Para entonces, en estudios y distintas acciones ya los gobiernos de Ramírez Acuña y González Márquez se habían gastado más de 800 millones de pesos que nunca se transparentaron. Además, fue en la época en que al frente de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco estaba Alonso Godoy Pelayo, por lo que las cuentas estatales salían limpiecitas.
Para cuando se tomó la decisión de construir la presa de El Purgatorio, los mil 100 millones de pesos que quedaban eran insuficientes para un proyecto de este tipo. Sin mayor claridad, el gobierno del estado comenzó a apuntar hacia el gobierno federal para que entregara la totalidad de los recursos.
Así, el gobierno del priísta Jorge Aristóteles Sandoval decidió aprovechar el dinero del crédito y darle otro destino, en obras que no tenían relación con el objetivo principal. Al cierre de su gobierno, ya no quedó nada de este crédito.
En el gobierno de Sandoval Díaz se gestionaron recursos para comenzar con la construcción de la Presa El Purgatorio. A la fecha, se calcula que el costo de esta obra supera los 9 mil millones de pesos. Esto, sin contar que su funcionamiento pleno depende de la construcción de la Presa El Zapotillo, que actualmente está detenida, así como de la construcción de un colector que las conecte. Durante el último año del ex presidente Enrique Peña Nieto y el primero de Andrés Manuel López Obrador, no se han asignado recursos, a pesar que se había asegurado que el avance de las obras era de más de 50 por ciento.
Detrás del impulso de los proyectos de Arcediano y El Purgatorio siempre ha estado la figura de Enrique Dau Flores, quien logró colarse lo mismo en gobiernos panistas que en el del priísta Sandoval Díaz, donde en algún momento ocupó la coordinación del Gabinete. Dau también ha aparecido en algunos encuentros del actual gobernador emecista Enrique Alfaro con ingenieros, aunque no ha quedado claro si mantiene alguna injerencia.
Alfaro Ramírez también ha decidido apostar por Purgatorio, aunque al igual que con sus antecesores, la falta de planeación en este tema ha impedido que haya claridad sobre cómo se financiaría. La apuesta ha sido también a que el gobierno federal lo salve.
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