Justicia y vigencia de la ley

En un país que aspira a consolidar su democracia, la consulta popular debiera ser un recurso excepcional. Es importante no desgastar dicha figura, sobre todo si a través de los mecanismos ordinarios se pueden resolver los problemas que se pretenden abordar consultando a los ciudadanos. 

Para qué recabar firmas si el presidente López Obrador ha dicho que él va a solicitar de manera directa el juicio a los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. 

Tampoco haría falta una consulta ciudadana si en el país privara realmente el estado de derecho: la ley se cumple y a quien la viola, se le sanciona, trátese de un ciudadano común, de altos funcionarios o ex presidentes. 

Todavía nos falta conocer lo que decidirá la Suprema Corte sobre la consulta, pero lo cierto es que la justicia, o se aplica o se hace la ciega frente al incumplimiento de las normas, la corrupción o la compra de voluntades, ya sea de funcionarios, partidos políticos o instituciones públicas. Lo lamentable es que a estas alturas todavía se impongan los usos y costumbres del pasado, donde la normalización de los delitos sin castigo o la corrupción cubierta por la impunidad se hicieron regla; ya es hora de que los delitos, la corrupción y la injusticia se combatan con más eficacia y menos propaganda. 

Ya no basta que se elija a un chivo expiatorio y se sacrifique a alguno de los operadores políticos del antiguo régimen para dejar contenta a una masa ávida de castigos ejemplares. O que se aplique el castigo, que más bien resultaba premio, de enviar a los altos funcionarios a las embajadas, en donde se les mantenía lejos de los reflectores, de la denuncia, de los reclamos populares y se les libraba de la guillotina política y el descrédito social. 

¿Qué está dispuesto a hacer Andrés Manuel López Obrador para demostrar que él y su proyecto de la cuarta transformación realmente están comprometidos con que la ley y el derecho recuperen su vigencia, con que la justicia recupere la vista y las agallas? 

El respeto a los poderes, la autonomía del Poder Judicial, no libera al presidente de hacer todo lo que esté en sus manos para procurar que este poder haga bien su tarea, sin necesidad de que una consulta lo reclame. Es bien sabido que se trata del poder de los intocables, de aquellos que fueron avalados justo por quienes ahora la patria debiera pedirles cuentas por lo que permitieron, hicieron o dejaron de hacer. No se puede ser garante de la justicia y cómplice de quienes le vendan los ojos. 

Hoy la emergencia sanitaria y la reactivación de la economía son prioridades nacionales que en el corto plazo deben atenderse. En este contexto, la desigualdad entre regiones y las dificultades para cubrir las necesidades de la educación a distancia son prioridad para quienes gobiernan al país y a los estados. Con todo y las emergencias, hacer cumplir la ley, pedir cuentas a quienes se requiera y sancionar a quienes hayan abusado del poder y los recursos públicos ha de ser una exigencia permanente para que los tres poderes unan sus fuerzas si realmente quieren poner sólidos cimientos a un régimen realmente democrático, que en primer lugar beneficie a los ciudadanos y no sólo a las élites que procuran mantener a toda costa sus privilegios. 

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