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(PELIGRO.�La RJDH considera que las mineras y�la delincuencia organizada�han recrudecido la violencia. Foto: Especial)
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Las mineras que quieren invadir los territorios de la comunidad indígena del ejido de Ayotitlán, en Cuautitlán de García Barragán, han recrudecido la violencia durante este año hacia la comunidad, denunció de manera pública la Red Jalisciense de Derechos Humanos (RJDH), organismo no gubernamental en defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la Costa Sur Jalisco.
La agrupación enumeró al menos dos acciones que muestran el nivel de violencia hacia las comunidades indígenas que luchan por evitar la invasión minera en sus territorios.
“El 26 de octubre de 2020 fue arteramente asesinado en las inmediaciones de Telcruz (comunidad indígena del ejido de Ayotitlán) el joven de 17 años Rogelio Rosales Ramos, hijo del maestro indígena y defensor de derechos humanos de Telcruz, José Santos Rosales Contreras. La policía ministerial sólo detuvo a uno de los cuatro asesinos involucrados: Jacinto Deniz Ramos. Debido a las amenazas contra su vida, la red inscribió al maestro y asesor del Consejo de Mayores de Telcruz en el Mecanismo de Protección de las Personas Defensoras de DH y Periodistas (a nivel nacional)”,
En lo que respecta a este año, la organización documentó el secuestro de uno de los candidatos inscritos a ocupar el cargo de Comisariado Ejidal de Ayotitlán: José Santos Isaac Chávez. Con ello se interrumpió abruptamente la campaña para la designación del próximo comisariado para el periodo 2021-2023.
El proceso para la renovación de las autoridades ejidales estaba previsto para este mes, incluso ya se tenía el aval de la Mesa de Salud para reunir a más de 300 personas para la elección del nuevo comisario, pero tras la desaparición de Isaac Chávez y su posterior asesinato se suspendió el proceso. Había esperanza en que las nuevas autoridades ejidales incrementaran las acciones de lucha por la defensa de la tierra.
A decir de la organización, los problemas iniciaron desde marzo, cuando la delegación federal de la Procuraduría Agraria en Guadalajara no quiso involucrarse en vigilar y cuidar el proceso de campañas, pues “el cacicazgo, la minería de tajo y la delincuencia organizada salen a brechas y caminos de Manantlán a comprar los votos de cada campesino ejidatario”.
Con la muerte de uno de los principales candidatos, la RJDH recriminó que el proceso se le salió de las manos a la propia dependencia federal. Ahora, añadió, “no hallan cómo recomponer el proceso de elección”.
“(Nosotros) creemos que la única solución de fondo que Ayotitlán tiene es el retorno y la restauración de la comunidad indígena de Ayotitlán que vino a extinguirse temporalmente por el ejido cenecista que impuso García Barragán en el lustro 1963-68 para facilitarles el saqueo de los vastos recursos naturales a los aserraderos de Bruce Hoover, Antonio Correa, Rodolfo Longinos Vázquez de Niz y Jesús Michel Vitoria, alias El Cazango; y a partir de 1967 a la Minera del Norte (Minosa) y al Consorcio Minero Peña Colorada”, detalló la red.
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