(Otra)�ilegalidad en�el Congreso

Uno esperaría que el Congreso del Estado de Jalisco, donde se elabora y ajusta el marco normativo que rige a quienes nos encontramos en este estado, sería la primera institución que pondría el ejemplo de respeto a la legalidad, sin embargo, esto no es así. 

Tenemos varios ejemplos de decisiones claramente ilegales tomadas en esta y anteriores legislaturas, aun cuando no todas han sido juzgadas así por un tribunal, pero basta con revisar las noticias en torno al Congreso para encontrar varias notas en las que un juez le ordena corregir alguna de sus decisiones, porque faltó a la legalidad. 

El Congreso tiene la trascendente atribución de designar a las personas que se harán cargo de varias instituciones públicas, en particular las que operan de manera autónoma con relación a los otros poderes, con el objetivo de que sus decisiones se basen en cuestiones técnicas, y no en intereses de partido o de facción. De ahí que sea sumamente grave que esa atribución se ejerza de manera arbitraria y abusiva, puesto que eso permite la captura de las instituciones a favor de intereses que no tienen que ver con el bien común. 

En esta ocasión, la ilegalidad tiene que ver con la alteración injustificada e injustificable de una decisión previa del propio Congreso. Me refiero a la designación de quien presidía al Instituto de Transparencia (Itei), Cynthia Cantero, y su suplente en el cargo, Natalia Mendoza. 

Me explico. En 2017, el Congreso emitió una convocatoria para elegir a quien presidiría el Itei. No se trataba de elegir una persona a la que se le comisionaría hacerse cargo de algunos de los asuntos que le corresponde atender al instituto, sino que, de hecho, lo presidiría durante todo el tiempo que durara su encargo. Y lo mismo ocurriría con su suplente, en caso necesario. 

La cuestión es que, en días pasados, y a punto de terminarse su nombramiento, Cantero solicitó una licencia de su cargo para, en ejercicio de sus derechos, contender por el puesto de Contralora en el Ayuntamiento de Guadalajara, un trámite normal. Sin embargo, el Congreso en vez de respetar la legalidad, y llamar inmediatamente a su suplente a ocupar el puesto que le correspondía, le dio provisionalmente el puesto de presidente a otro comisionado del Itei, Salvador Romero, y hasta mucho después, y atendiendo a la presión ciudadana, se le tomó protesta a Natalia Mendoza, para que supliera a Cantero, pero no como presidente, que es lo que correspondía, sino como comisionada. 

El asunto lo enredó aún más el Congreso, porque una vez que Cantero ganó el puesto de Contralora de Guadalajara, ella presentó su renuncia, y quienes deciden en el Legislativo optaron por postergar lo más posible el trámite para aceptársela, y cuando lo hicieron, en un sábado, aprovecharon para darle definitivamente la presidencia al comisionado Romero, de manera injustificada e injustificable, violando la legalidad, pues no respetaron el nombramiento que el propio Congreso le dio a Mendoza. 

No es claro por qué hicieron esto, podemos especular al respecto, pero el hecho es que esto pone en una situación muy complicada al Itei, porque se abre la puerta para que sus decisiones sean impugnadas, con lo que nuestro derecho de acceso a la información, y de protección de datos personales, podría quedar en grave riesgo. 

Y si a eso le agregamos que está en puerta el inicio del proceso para elegir a la nueva comisionada del Itei, podemos temer, con fundamentos, que el Congreso no designará para ese puesto a la mujer más capaz e idónea, así que probablemente veremos otra ilegalidad de parte de la mayoría legislativa de Jalisco. 

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