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La Fiscalía General del Estado (FGE) carece de datos para localizar a dos de cada tres personas desaparecidas en Jalisco.

De los expedientes vigentes de personas desaparecidas en el estado, 67.86 por ciento, es decir, mil 972 de un total de 2 mil 906, corresponden a casos de los cuales la dependencia no tenía datos sobre las circunstancias de desaparición o de pistas para localizar a estas personas, admitió este miércoles el fiscal Jesús Eduardo Almaguer Ramírez.

“Sí hay pendientes, claro que hay pendientes, sí los hay, fundamentalmente los expedientes rezagados, y ése es un compromiso que asumimos y que a partir del próximo lunes estaremos dotando de mayor personal que se aplique a darle seguimiento a estos expedientes rezagados”, explicó el funcionario.

“Generamos una unidad de reacción inmediata que ha dado extraordinarios resultados y no hay otra en el país y lo presentamos el pasado viernes –detalló–. Es necesario generar una unidad más amplia que trabaje en estos expedientes rezagados, para nosotros las primeras horas son fundamentales, y los primeros cinco días”.

Del total de personas desaparecidas en Jalisco, 338 casos se considera que están ligados a un ilícito, como privación ilegal de la libertad, debido a declaraciones de que alguien se las había llevado a la fuerza, lo cual representa 11.63 por ciento de todos los casos.

Además, la directora del área de búsqueda de desaparecidos, Violeta Cristina Meza Jiménez, recalcó que hay 196 personas reportadas como extraviadas debido a que sufrían de algún padecimiento mental o de demencia senil, por lo cual podrían estar vagando sin rumbo; éstas representan 6.74 por ciento.

Asimismo, 13.76 por ciento, es decir, 400 personas, se considera como ausentes voluntarios.

La funcionaria enfatizó que Jalisco busca a nivel nacional la adopción de una clasificación similar de personas desaparecidas para distinguir las circunstancias en que se perdieron, ya que hasta el momento no existe una distinción entre ausentes voluntarios, extraviados, desaparecidos y desaparecidos por el crimen.

También recalcó que hay algunos protocolos diseñados para la investigación de desapariciones de personas por ser mujeres o por cuestiones de género, para los cuales están capacitados los elementos del área a su cargo.

El grupo de reacción inmediata del que habló Almaguer Ramírez consiguió en septiembre encontrar a 161 personas desaparecidas, es decir, 104.56 por ciento de todas las que se reportaron durante dicho mes, cuando se presentaron 150 denuncias; sin embargo, el número no refleja que todas las personas desaparecidas en ese periodo hubieran sido localizadas.

Fundej no volverá a mesas de trabajo

Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej) mantiene su decisión de no regresar a las mesas de trabajo con el gobierno de Jalisco.

Luego de la rueda de prensa en la que el fiscal general Eduardo Almaguer y la responsable del área de Desaparecidos, Violeta Cristina Meza Jiménez, informaron que en Jalisco hay 2 mil 906 casos vigentes de personas desaparecidas y reconocieran que 67 por ciento de los casos no hay datos correspondientes sobre por qué no están y dónde se encuentran.

Guadalupe Aguilar, madre del joven José Luis Arana, que desapareció en 2011, aseguró que entre ese porcentaje podría estar su hijo y el de otras madres de Fundej que no tienen información sobre el paradero de su familiar y, en todo caso, aquellas pistas que han encontrado las han conseguido a través de sus propias investigaciones.

Reconoció que sí hay más agentes del Ministerio Público e investigadores dedicados a la búsqueda de personas desaparecidas en años anteriores así como aquellas que recién fueron reportadas.

Guadalupe Aguilar, integrante de Fundej, afirmó que se separan de las mesas, pero eso no significa que corten comunicación con la fiscalía. “Lo único que nos hace falta ahora es ponernos de acuerdo. No tiene caso que acudamos a la mesa de trabajo si con quien tenemos que trabajar es con la fiscalía; me parece correcto que sigamos yendo a la fiscalía porque es ahí donde vamos a encontrar las averiguaciones previas”.

De parte de Fundej, Guadalupe Aguilar resaltó el compromiso de continuar insistiendo a los ministerios públicos para conocer novedades de los casos de sus familiares desaparecidos.

“Vamos a trabajar en un verdadero equipo”, concluyó esperanzada en que la Fiscalía General del Estado “ya no tenga esas omisiones” porque “los ocupamos, trabajen bien o trabajen mal, los ocupamos para la oficialización de las cosas. ¿Cómo busco a un hijo sin denuncia? ¿Cómo busco a un hijo sin oficio de colaboración que se publican en todos los estados?”, subrayó.

Las mesas de trabajo a las que no volverá Fundej iniciaron en mayo como una propuesta del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz para atender el reclamo de la sociedad civil para que actuara sobre las desapariciones de personas en la entidad.

Sin embargo, Fundej denunció que ninguno de los acuerdos a los que se comprometió el mandatario fue cumplido, como la creación de un banco de ADN de personas desaparecida en Jalisco.

El Estado no investiga

En México, la desaparición de personas se volvió algo cotidiano. En el último informe del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, declaró que nueve personas desaparecen al día en todo el país.

Para organizaciones civiles a nivel nacional, como el Comité Cerezo, que desde 2010 creó la Campaña contra la Desaparición Forzada (aquella cometida por elementos de seguridad pública del Estado), esto representa una grave crisis de derechos humanos.

“Los autores de la desaparición niegan que ellos son. El Estado está desapareciendo personas y está negando que sea el autor de las desapariciones. Lo grave es que está permitiendo que otra gente sin relación con el Estado también esté desapareciendo personas”, denunció el activista Héctor Cerezo, del Comité Cerezo, organización que apoya a presos políticos y a familias de víctimas de desaparición forzada.

El Estado, aseguró el activista, no investiga, no sanciona y no protege a la población, agudizado por la falta de un marco jurídico porque el delito de desaparición forzada no está tipificado conforme a los estándares internacionales.

El Comité Cerezo denunció que los defensores de derechos humanos están en mayor riesgo de sufrir desaparición, como en Chihuahua y Veracruz.

“Ellos son los que están denunciando la práctica de la desaparición forzada de otras personas, pero están doblemente invisibilizados porque en las estadísticas oficiales no aparecen los defensores de derechos humanos”, enfatizó.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) coinciden en la vulnerabilidad de los defensores de las garantías individuales es mayor.

Sin embargo, el activista aclaró que el riesgo es para todos desde que inició la llamada guerra contra el narco; “ahora tenemos el fenómeno de la desaparición forzada desbordado no sólo contra luchadores sociales, sino contra amplios sectores de la población y en muchos casos los perpetradores son los mismos que en la década de la llamada guerra sucia en México. Si no hay sanción, si no hay reparación, estos crímenes van a continuar cometiéndose”.

HJ/I