Respeto a los procedimientos

¿Qué pensaría usted si después de firmar un contrato se diera cuenta de que cambiaron todas las hojas, menos aquella en la que firmó? ¿No le causaría inquietud saber que tal vez le quieran obligar a cumplir algo con lo que no está de acuerdo? ¿Y qué haría si quien hizo ese cambio es el abogado que se supone que le representa y va a cuidar los intereses de usted, y que al reclamarle por hacer eso, el abogado le preguntara en tono de chantaje si desconfía de él y de sus buenas intenciones?

En general, cuando algo así ocurre, lo más probable es que se trate de un fraude, especialmente si no le dan la oportunidad de leer lo que se cambió y de rubricarlo para asegurarse de que no le cambien de nuevo las hojas. La recomendación de leer todo lo que se firma tiene fundamento, y por eso también es importante que le den el tiempo necesario para hacerlo, así como para aclarar las implicaciones de lo ahí escrito, para cambiar lo que no esté claro, o corregir los errores que pudieran existir.

Si es importante y necesario en casos individuales leer antes de firmar, lo es más en el caso de los trámites legislativos, puesto que las posibles consecuencias negativas de avalar algo perjudicial las pueden padecer todas las personas que habitan el país o el estado, dependiendo del órgano legislativo del que se trate.

Es decir, los procedimientos que se deben seguir para la aprobación o rechazo de una iniciativa de ley tienen la finalidad de proteger a la población, de crear las mejores condiciones para evitar errores o engaños, que a la larga resulten más perjudiciales que benéficos. Se supone que, por eso, en una democracia, quienes nos representan deben leer lo que se pone a su consideración, para que puedan someter a discusión aquello que consideren pertinente.

Claro, quienes prefieren los gobiernos autoritarios, y que alguien más decida en su lugar, para no tener que responsabilizarse de sus acciones, elegirán procedimientos más expeditos, como aplicar la aplastante mayoría, y no permitir la discusión de ningún punto de la iniciativa de una ley, especialmente si la propuesta la envió el líder de esa mayoría; pero, como sea, esa es una forma de actuar que siempre tiene muchos riesgos, especialmente porque un líder autoritario siempre encontrará la manera de evadir su responsabilidad, dejando que la culpa de lo que salga mal recaiga en los niveles más bajos del gobierno.

Todo esto lo planteo, porque es probable que el día en que estas líneas se publiquen, la Suprema Corte de Justicia de la Nación discuta el proyecto del ministro Laynez que propone anular la segunda parte del denominado plan B de la reforma electoral propuesta por el presidente López Obrador, debido a que no se respetó el proceso legislativo. De hecho, ese fue el motivo por el que se anuló la primera parte del Plan B.

Por un lado, se le dio el trámite que merece un asunto urgente, sin que se justificara esa urgencia; además no se le dio oportunidad a los diputados de leer lo que iban a votar, y, adicionalmente, en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Unión se había publicado una versión de lo que se iba a poner a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, pero al pleno se le presentó un documento diferente, y no se informó de eso, es decir que quien hubiera podido dar aunque sea una hojeada al documento publicado, estaría revisando un documento que no servía.

Por eso, y por respeto a los principios democráticos que se supone que nos rigen como nación, y para proteger a la población de los posibles abusos de una mayoría que dice representarla, es que se propone anular el plan B.

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