El mito de Luis Oswaldo, su red y el poder pol�tico (II de III)

III

La reunión se prolonga. Hace dos horas que el suelo del estacionamiento es tierra caliente e inmóvil. Nadie se mueve bajo la gran carpa. La atmósfera recuerda un relato de Kafka. Ese titulado Ante la Ley, en donde un hombre espera toda su vida para cruzar la puerta de la Ley resguardada por un centinela.

Nos acercamos velozmente a los 36 grados centígrados que alcanzó el termómetro ese día. A 700 metros, el Zoológico Guadalajara devora a familias enteras en busca de un último recuerdo dominical antes del regreso de vacaciones.

Habla de pie Fernando Soto, joven abogado de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) de Jalisco. Viste mezclilla, playera a rayas y luce un amplio tatuaje en el antebrazo. 

Pide firmas, documentos. Por culpa de unos pocos, reprocha, el expediente no avanza: “Necesito datos completos”. 

El tono es el de alguien que, con palabras amables, se inclina hacia ti, pero en el fondo hace un esfuerzo por descender a tu nivel porque él habla el idioma de la burocracia y tú no: “Por eso les pido más datos de prueba. Si no, su carpeta de investigación puede durar de siete a 10 años”. 

Gesticula como cuando te cansas de repetir una misma instrucción. Les pide su constancia de situación fiscal ante el SAT y su declaración patrimonial (una obligación exclusiva de servidores públicos), como si pusiera en duda el origen del patrimonio e inversión de las víctimas de AJP. 

“Imagínense que me los cambien de situación jurídica -dice-. Que pasen de víctima a imputado por falsedad de declaraciones”.               

Eso dijo: si no prueban que son víctimas, serán acusados. La carga de la prueba se invierte: ¿Eres víctima? Demuéstralo…     

Sin embargo, nadie reclama ni parece notar la aberración. Palabras anestésicas. Hasta que un defraudado, al fondo, pide hablar. Explica que nunca declaró su inversión e intereses ante el SAT. Igual que todos, recibió sus réditos en efectivo y entregó dinero líquido.                

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Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, señaló tras destaparse el escándalo que el caso AJP era “un asunto entre particulares”; sin embargo, esa postura se contradice con el decreto que publicó después, el 6 de septiembre de 2022, y que facultó a la Procuraduría Social del Estado (Prosoc) para intervenir en conflictos de impacto masivo con una “afectación al interés público y social”.

Esto habilitó a la Prosoc para asesorar a 708 víctimas de AJP que se acercaron de manera voluntaria y que no pueden pagar un abogado particular. Las demandas corren por la vía mercantil y civil (distintas a la penal), pero los tribunales solicitaron a los afectados entre 1 y 5 por ciento del monto defraudado como fianza para continuar el proceso. Este requisito de ley se impone al acreedor porque no existe un deudor identificable, pues Gloria María está prófuga. Prácticamente ninguna víctima ha pagado.

“Si mañana detienen a la señora cambia sustancialmente toda la estrategia porque podemos emplazarla y ya no necesitamos pagar fianza, le solicitamos que nos señale bienes para pagar lo que debe”, indica César Trujillo, subprocurador de Servicios Jurídicos Asistenciales de Procuraduría Social.

IV

La comisión de defraudados de AJP es sólo un grupo de muchos (otros pagan abogados particulares). Durante nueve meses han aportado pruebas a la Fiscalía: nombres de cómplices y prestanombres (armaron una red de 71 involucrados), direcciones, matrículas, propiedades de Luis Oswaldo y su esposa, teléfonos, información financiera, depósitos recientes. Se han convertido en víctimas y “ministerios públicos”.

Un ejemplo. Marisol Sandoval, de 46 años, escultora de uñas e integrante de la comisión que perdió 550 mil pesos. Ella me compartió los mensajes de WhatsApp que intercambió con Óscar Iván Miges Marín, cómplice y sobrino de Luis Oswaldo. La conversación es del 24 de octubre de 2022 (dos meses después del suicidio del fundador de AJP). 

En su LinkedIn, Óscar Iván aún aparece como “auxiliar de dirección de AJP”. Entre 2020 y agosto de 2021 cobró 21 mil pesos al mes como funcionario público en el Ayuntamiento de Guadalajara.

“Él sigue pagando intereses”, aseguró Marisol. Entregó la información a la Fiscalía. El viernes 16 de diciembre de 2022 confrontó a Roberto Estrada, director de la Unidad de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía. En la reunión, el funcionario dijo que no localizaban a Óscar Iván.

En ese momento Marisol lo llamó desde su celular. Óscar Iván respondió, pero, curiosamente, falló la señal. “Decían que no contestaba el licenciado y les dije: a mí sí me contesta”.

Después de esa llamada nunca más respondió el teléfono. Tampoco ha sido detenido.

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La Fiscalía del Estado sólo detuvo a dos presuntos responsables en diciembre pasado; sin embargo, entre 150 víctimas consultadas para este reportaje mediante una encuesta digital, ninguna reconoce a Manuel M., uno de los dos procesados. 

Tras su arresto, su hermana publicó en redes: “Ayer detuvieron a mi hermano, éramos inversionistas igual que todos ustedes (...). Están culpando ahora a las víctimas”. Manuel M. recibió el depósito de otro inversionista (al parecer producto de sus intereses) por indicaciones de una trabajadora de AJP.

Su hermana rechazó dar su versión: “Una disculpa, pero no puedo, esa gente es vengativa. No parece una injusticia, ES UNA INJUSTICIA” (usó las mayúsculas para enfatizar).  

El otro detenido, Erick P., sólo es reconocido por 14 de 150 defraudados como el encargado de créditos de AJP.

Por el contrario, todos identifican cinco nombres como responsables: Gloria María, Rosalía, María, Gabriel y Óscar Iván.

A finales de mayo de este año, la Fiscalía detuvo a Alejandro A., quien laboró en 2021 en AJP y las víctimas lo identifican como ex novio de una hija de Luis Oswaldo. Fue vinculado a proceso por el delito de fraude, pero seguirá su juicio en libertad. Sólo nueve víctimas lo identifican como responsable. 

BUROCRACIA. A los afectados por el fraude les han pedido hasta su constancia de situación fiscal ante el SAT y su declaración patrimonial. Un funcionario les dijo: “Imagínense que me los cambien de situación jurídica”.

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La comisión de AJP identificó cinco cuentas bancarias en Scotiabank, dos en Santander, dos en Banorte y una en BBVA (10 en total) en donde 227 víctimas depositaron sus inversiones.

La mayoría de los depósitos bancarios se hicieron a nombre de Luis Oswaldo (39); su mano derecha, Rosalía Rodríguez (29); Gloria María (10), y Gabriel Gallardo (seis), ex banquero y cerebro financiero de AJP, entre otros.

Luis Oswaldo recibió en efectivo y en depósito alrededor de 26 millones de pesos; Rosalía Rodríguez, 12.9 millones de pesos; Óscar Iván, 6.1 millones, y Gabriel Gallardo, 4.7 millones.  

Toda la información está en las 162 carpetas de investigación acumuladas que involucran a mil 302 defraudados. Todas las pruebas han sido recabadas, sistematizadas y expuestas a la Fiscalía del Estado por parte de las víctimas.

“¿Dónde está el dinero, dónde están las cuentas? La Fiscalía no se avoca a las cuentas bancarias”, reclama Rosa Isela Becerra.

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En el relato de Kafka, el protagonista impedido para cruzar la puerta de la Ley reflexiona:

“La Ley, piensa, debe ser accesible a todos y en todo momento, pero al considerar ahora con más exactitud al centinela, cubierto con su abrigo de piel, al observar su enorme y prolongada nariz, la barba negra, fina, larga, tártara, decide que es mejor esperar hasta que reciba el permiso para entrar”.

V

EL MITO Y EL CORTEJO

Una regla no escrita de un esquema Ponzi dice que el estafador debe reflejar éxito y altruismo. Eso exige un cortejo de políticos y celebridades.

Luis Oswaldo encontró esa fachada en Eli Castro y su fundación Apadrina un trasplante, de la que él era tesorero. Esta presentadora de televisión de 50 años, influencer y funcionaria estatal transexenal era la promotora de AJP. Su principal virtud consiste en surtir avalanchas de “pornografía emocional” en sus redes con sentencias motivacionales.

Gracias a ella, tres meses antes del escándalo de AJP, Luis Oswaldo visitó al gobernador Enrique Alfaro Ramírez en Casa Jalisco y participó en un convivio con el alcalde tapatío Pablo Lemus Navarro en casa de la presentadora.

Muchas fotografías con celebridades que decoraron las paredes en la oficina de Luis Oswaldo se hicieron gracias a Eli Castro y su fundación. Según las víctimas, ella les abrió carteras y puertas a clientes poderosos en la política, el deporte y el espectáculo.

Enumerar parte de ese cortejo resulta fatigoso, pero necesario: 

Roberto Delgadillo, político morenista, secretario de Apadrina un trasplante. Su hermana Claudia Delgadillo, diputada federal de Morena. Mauricio Ochmann, Mauricio Islas y Miguel El Piojo Herrera, fundadores de Apadrina un Trasplante. Rubén Omar Romano, consejero de la fundación. Gustavo Macías, diputado federal panista.

Tras el escándalo, Apadrina un trasplante borró a Luis Oswaldo de su organigrama como tesorero y emitió un comunicado: “No tenía acceso a los recursos de esta organización, ni en el manejo alguno de sus finanzas”. Todos se dijeron víctimas. Todos se dijeron engañados por Luis Oswaldo. Todos se deslindaron.

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Los afectados narran la misma historia. Eli Castro visitaba a menudo las oficinas de AJP en Luis Pérez Verdía 617. Allí desfilaban famosos, futbolistas, artistas y políticos.

Al Vera me contó: “Una vez llegó un futbolista, un goleador de las Chivas, y Luis Oswaldo luego nos enseñó un cheque de 7 millones de pesos que le dejó”.  

Victoria Guadalupe, viuda jubilada de 74 años y vecina del Country Club, narró: “Me pusieron una película de cómo invertían el dinero, que tenían 200 empleados, que tenían casas, terrenos, que ganaban mucho dinero y mi dinero lo iban a invertir y que me iban a dar el 1.7 por ciento de comisión por tratarse de la persona que me llevó”.

Otra afectada: “Había muchas habitaciones como salas de juntas. Luis abría el clóset y desde arriba hasta abajo, lleno de billetes, ellas traían alhajas muy finas, rubíes y esmeraldas (se refiere a Gloria María, Rosalía y María Elena)”. 

Cualquier vínculo de Luis Oswaldo con el poder político, la farándula y el deporte, fue a través de Eli Castro. Los inversionistas y el poder económico llegaron por añadidura.

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¿Dónde está el dinero? ¿Por qué no detienen a los cómplices? ¿Hay un “tesoro” oculto de AJP? ¿Por qué nadie vio el cadáver? ¿Por qué la investigación no avanza? ¿Hay corrupción política? 

La máxima de Sherlock Holmes dice que una vez descartado lo imposible, lo que queda, por improbable que parezca, debe ser la verdad.

Para los defraudados, el mito de AJP sigue vivo, pero ya no como una financiera exitosa. Se transformó en un mito que se cuentan a sí mismos (vano consuelo) para responder todas esas preguntas: el poder político está detrás. 

Este reportaje fue escrito durante el Taller de Periodismo de Investigación y Narrativo, impartido por Quinto Elemento Lab, en el marco del proyecto Capital Mundial del Libro.

Esta es la segunda parte de tres entregas de la investigación periodística, a un año de que se destapara en Guadalajara el escándalo de Asesores Jurídicos Profesionales (AJP).

Parte I: El ‘tesoro’ perdido de Luis Oswaldo y Gloria

Parte III: Luis no actuó solo, ¿hay tesoro escondido en AJP?

GR