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Imagen de archivo de Rodr�guez Bucio, subsecretario de Seguridad P�blica, quien presenta informe sobre la detenci�n de Ovidio Guzm�n. (Foto: Cuartoscuro).
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El narcotraficante Ovidio Guzmán, encarcelado en una prisión de Chicago, podría acceder a una menor penalización a cambio de información relacionada sobre gobernantes mexicanos y sus nexos con el crimen organizado, estimó Ignacio Morales Lechuga, ex titular de la otrora Procuraduría General de la República (PGR).
Mencionó que su extradición a Estados Unidos estaba pendiente desde el ‘Culiacanazo’ de 2019, en que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó su liberación por la violencia que desató su detención, situación que puso a su gobierno en una posición difícil.
“Negociarán su sentencia y su estancia en la cárcel en Estados Unidos para reducirla considerablemente a cambio de información valiosa, que como testigo protegido pueda brindar sobre los cárteles mexicanos, o sobre los políticos mexicanos involucrados con los temas de narcotráfico en México, lo que abriría también otra incógnita en plena campaña presidencial; es decir, ¿quiénes saldrían salpicados de todo esto? Pues seguramente gobierno actual, políticos actuales y políticos pasados”.
En ese punto coincidió Jorge Lara, especialista en seguridad, quien refirió que el mecanismo de extradición es propia de la colaboración entre países para combatir el crimen organizado, y en este caso, las acciones de Estados Unidos para enfrentar el tráfico de fentanilo.
“Es parte de lo que debe ser la normalidad entre los países para el combate al crimen organizado, en un blanco, así se le llama, de mucha relevancia, y desde luego que se espera, como fue en el caso de su padre Joaquín Guzmán Loera, pues un procedimiento también muy fuerte, con muchas pruebas, con una gran cantidad de información respecto a esta problemática que nos aqueja a ambos países”.
Ambos entrevistados, expertos en temas de seguridad, coincidieron que el juicio de Ovidio Guzmán en Estados Unidos implicará consecuencias en México, tanto de políticos que sean vinculados con actividades ilícitas, la colaboración de autoridades con el aporte de información, y la manera en la que se reacomodarán los grupos delictivos.
JB
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