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(Foto: Cuartoscuro)
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Desde hace 30 años que se presentó este procedimiento para elegir ministros de la Suprema Corte, nunca se había dado un escenario tan lamentable como el que estamos viviendo en este sexenio, según consideró Miguel Ángel Mancera Espinosa, coordinador del PRD en el Senado.
Si ha habido rechazo de ternas de designación en una segunda oportunidad, pero no una designación directa por parte del ejecutivo, recordó el perredista, y añadió que no se han cumplido las condiciones para una elección normal, ya que no existe homologación en el bloque mayoritario y los votos están divididos, se tendría que dar un diálogo de construcción de consenso que hasta ahora no se ha dado. El grupo mayoritario no tiene premura ni interés en homologar a ninguna de las candidatas.
Mancera Espinosa recordó que: “no es un procedimiento nuevo. En cada una de las ocasiones y nombramientos ha tenido estas dosis que ahora se destacan. Recordemos uno de los nombramientos está acompañado por un perfil que participó directamente en la construcción del programa de gobierno y acompañó toda la etapa de transición y me refiero al ministro Alcántara, que tiene mucha cercanía al proyecto del ejecutivo, llego a candidatear en diferentes medios de comunicación como un posible fiscal de la república. Una más, la ministra Loreta Ortiz, que estuvo en el poder legislativo, en la bancada de Morena. Y otra ministra estuvo en el gobierno federal, desempeñándose en el esquema de confianza en un puesto de muy alto nivel, en la Secretaría de Hacienda”.
El problema no es la afinidad con un proyecto político, porque en todas las elecciones históricas de ministros de la Corte se han presentado perfiles de personas con cercanía o simpatía hacia el proyecto del titular del ejecutivo de turno, añade el coordinador de la bancada perredista.
“A mí lo que me interesa más es la parte de los perfiles, que es lo que no se ha tocado, tenemos una responsabilidad constitucional en el Senado, si no se va a tomar esa responsabilidad constitucional y se va a tomar una salida política y se va a tachar a quien ocupe ese cargo y le va a colgar una etiqueta de que no conviene ni siquiera para la Suprema Corte, de alguien que ha sido nombrado por el Ejecutivo”, aclaró.
El senador también explicó que los mecanismo de elección, designación y nombramientos de cargos públicos, sobre todo en el Poder Judicial necesitan de una reforma, porque el presidente tiene demasiada injerencia en el proceso.
“Estoy convencido que el Poder Judicial requiere una reforma integral de fondo, en la renuncia de los ministros, esta famosa causa grave que no se acaba de justificar nunca, que no tiene pies ni cabeza, que se hizo como una válvula para proteger de presiones a los ministros, y que acabó siendo lo contrario, al no tener referente y al tener todas esas lagunas jurídicas. Lo que estamos viviendo hoy con los amparos que después de tres años ordenan reposiciones de procedimiento, en lugar de resolver de fondo y decidir amparar a ajusticiables. El Poder Judicial necesita una reforma integral”, manifestó el senador.
Las instituciones están sufriendo una crisis institucional porque existen otros órganos que también necesitan nombramientos como los comisionados, los consejeros o la presidencia del INAI que termina el próximo año (y que requiere del voto de siete consejeros) o la Sala Superior del Tribunal Elecotral que requiere de nombramientos y no hay avances hasta la fecha de propuestas de quien debe calificar la elección presidencial.
GR
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