Estatales, los m�s se�alados por tortura

El Observatorio Contra la Tortura presentó su informe de hallazgos 2022, documento que muestra cómo en Jalisco los principales señalados de cometer este delito se encuentran en la Secretaría de Seguridad (SSE) y Fiscalía del Estado (FE).

Desde la creación de la ley general en materia de tortura, en 2017, diversas organizaciones se unieron para crear el observatorio referido y vigilar el cumplimiento de la misma. A la par generan un informe anual en el que revisan qué se hizo y se monitorean indicadores.

Mediante solicitudes de información vía transparencia, el observatorio consiguió datos sobre tortura de las 32 entidades federativas. En el caso de Jalisco, los hallazgos indican, en primer lugar, la existencia de 49 carpetas de investigación por ese delito abiertas en 2022.

Ese número de carpetas corresponde a un total de 79 víctimas: 75 hombres y cuatro mujeres; sin embargo, la FE no entregó información sobre las autoridades señaladas en cada caso.

Para ello las organizaciones recurrieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), organismo al que le pidieron información sobre las quejas recibidas en 2022 por el delito de tortura. En respuesta, la defensoría dijo haber recibido un total de 44 quejas.

En ellas se pudo conocer que en 19 expedientes se acusó a elementos de la SSE como los generadores de tortura, mientras que en otros 19 los señalados fueron elementos de la Fiscalía de Jalisco. Además, en dos casos se encontró que los perpetradores fueron integrantes del sistema penitenciario y, en cuatro más, a otras autoridades no especificadas

AUTORIDADES OPACAS

En las solicitudes de información que se le hicieron, la FE no dio información referente a las autoridades señaladas en las carpetas de investigación y negó datos sobre el número de ministerios públicos encargados de investigar tortura.

Por su parte, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) se negó a dar información sobre el número de personas inscritas en el registro estatal de víctimas y tampoco dio datos sobre medidas de ayuda, asistencia o reparación integral del daño.

Así, Jalisco fue el único estado que negó decidió ocultar información de este tipo.

Las organizaciones realizan solicitudes de información vía transparencia porque México carece de un registro completo sobre la tortura. Si bien se tiene el Registro Nacional del Delito de Tortura (Renadet), se queda corto, indicó Denisse Montiel Flores, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), durante la presentación del informe.

“(Un registro público completo) nos permitiría realizar estudios, análisis profundos de los contextos, entender cuáles son los patrones que se van desarrollando, los métodos de tortura actualizados y generar políticas públicas de prevención en la materia”, dijo ante la ausencia.

El observatorio está conformado por Documenta, el Centro ProDH, el Cepad, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y Fundar.

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