Villa Panamericana con una historia turbia de autorizaciones

La Villa Panamericana tiene una historia turbia de autorizaciones, en principio, no debería existir en la zona de El Bajío, consideró el arquitecto Jorge Fernández Acosta, presidente del Colegio de Arquitectos por el Desarrollo e Innovación Sustentable.

Desde su creación, dijo, la Villa Panamericana violentó reglamentos y normas, y en los años consecuentes la permisibilidad de los gobiernos ha propiciado que se diera la habitabilidad, la venta de los departamentos y ahora que no entreguen las áreas de cesión.  

El arquitecto Fernández Acosta explicó que las áreas de cesión en el caso de la Villa Panamericana, por su cercanía con el bosque La Primavera, se destinarían para el amortiguamiento y la prevención ecológica.

Insistió que la Villa Panamericana tiene una historia turbia de autorizaciones, pero el Ayuntamiento debe exigir que cumpla con la normativa para garantizar los derechos y servicios ambientales que este terreno brinda a la ciudadanía, ya que era una zona de recarga de los mantos acuíferos.

“Hay una laxitud, hay una permisividad, hay una especie de contubernio para no exigir el cumplimiento de lo que está obligado el desarrollador para entregar al municipio, no es conveniente para el buen desarrollo de los derechos humanos y urbanos ligados a las cuestiones ambientales y el Ayuntamiento debería ser más exigente con ese punto”.  

El arquitecto Jorge Fernández Acosta, presidente del Colegio de Arquitectos por el Desarrollo e Innovación Sustentable, alertó que al no verificar el cumplimiento de la cesión de los terrenos y que el desarrollador disponga de ellos entonces se genera una jurisprudencia urbanística y bajo el principio de equidad las personas que quieran construir en la zona lo podrán hacer sin esta exigencia, lo que generará un caos urbanístico en la zona.  

Añadió que la zona de El Bajío, donde se ubica la Villa Panamericana está fuera de los parámetros de densificación de la construcción, ya hay muchas escuelas y construcciones que no deberían de estar ahí.

Fernández Acosta indicó que los únicos que pueden exigir al gobierno que haga cumplir con la ley son los ciudadanos.  

EH