Hace una semana, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos entregó el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2023, en el que dio a conocer las condiciones de los centros penitenciarios federales, estatales y militares del país, luego de supervisiones hechas a estos por la defensoría a lo largo del año pasado.
En términos generales, el diagnóstico señala la sobrepoblación como una constante en diversos centros penitenciarios, y advierte que, si ello se suma a otras deficiencias, como la falta de infraestructura adecuada o la ausencia de servicios, insumos y satisfactores básicos, puede desencadenar inconformidades que a su vez llevarían a incidentes violentos.
De acuerdo con los datos entregados por los sistemas penitenciarios, en México hay 233 mil 394 personas privadas de la libertad distribuidas en los 281 centros verificados; 73 mil 452 de estas personas (31.47 por ciento) pertenecen a algún grupo con necesidades específicas.
También enfatiza que falta una visión integral, diferenciada, sostenible e interseccional para atender las necesidades de estas poblaciones vulnerables: mujeres, personas de la diversidad sexual, personas indígenas, personas mayores, personas con farmacodependencia y personas con discapacidad.
Respecto a este tema, 12 de las 32 entidades no cuentan con un centro para mujeres (Baja California, Baja California Sur, Campeche, Durango, Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz). Así, a ellas se les mantiene en centros mixtos, que en la mayoría de los casos no cuentan con los servicios necesarios para atender sus necesidades específicas.
En territorio jalisciense hay 12 centros penitenciarios estatales y uno militar. En el caso de los primeros, tienen una capacidad para 13 mil 667 personas, y hay 13 mil 309 recluidas.
Para hacer una breve radiografía de las poblaciones vulnerables en los centros penitenciarios estatales de Jalisco, entre los hallazgos que hizo la CNDH está que en siete hay deficiencias en la atención a mujeres y/o menores que viven con ellas: los centros integrales regionales de Justicia Altos Norte, Altos Sur, Ciénega de Chapala, Costa Sur, Valles-Ameca y Valles-Tequila, así como el Reclusorio Zona Sur en Ciudad Guzmán.
Además, en 2023, había 19 mujeres con hijos, cuatro mujeres embarazadas, 373 personas adultas mayores, 93 personas indígenas, 197 con alguna discapacidad física, 300 con discapacidad psicosocial, 238 pertenecientes a la comunidad LGBT+, 93 personas con VIH/sida, 3 mil 986 con drogodependencia y 119 personas extranjeras. Aquí vale la pena recordar que una persona puede estar en varias condiciones de vulnerabilidad a la vez.
Pero no solo la población carcelaria sufre las carencias del sistema: nueve de los 12 centros penitenciarios estatales no cuentan con suficiente personal de seguridad y custodia; en tres el personal no recibe atención a su salud mental, y también en tres se considera que el salario que percibe el personal con relación a sus labores es insuficiente.
Estos y otros indicadores se reflejan, al final, en las calificaciones de los centros penitenciarios, donde Jalisco, uno de los estados con más población penitenciaria, se encuentra en amarillo, con una calificación de 6.90 sobre 10.
A media tabla.
X: @perlavelasco
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