GIRE pide a Congreso despenalizar aborto

En abril pasado, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito declaró inconstitucionales los artículos que criminalizan de forma absoluta el aborto voluntario en el Código Penal de Jalisco, por lo que ordenó al Congreso local y al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, hacer los cambios necesarios; sin embargo, esto no ha ocurrido.

Francisco Cué Martínez, coordinador de Incidencia en Política Pública del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), organización que ganó el juicio de amparo para que se despenalice el aborto en Jalisco, explicó que el plazo máximo para realizar los cambios ordenados es el término de la actual legislatura, es decir, el 31 de octubre de este año.

“Hay un llamado a todas las fuerzas políticas representadas a que den cumplimiento a la sentencia del tribunal y emprendan una reforma con los más altos estándares en materia de derechos humanos vigentes en ese momento”.

El activista detalló que el amparo ordena específicamente a los diputados derogar los artículos que penan el aborto, es decir, a eliminarlos, por lo que no pueden legislar al respecto, sino sólo cumplir el mandato judicial. “La propuesta que nosotras hicimos es la establecida en la Organización Mundial de la Salud, que consiste en eliminar por completo el delito de aborto voluntario y que solamente se quede como delito el aborto forzado; es decir que siga siendo un delito cuando alguien intente obligar a una mujer o persona embarazada al abortar”

En caso de que se venza el plazo y no se realicen las modificaciones en el Legislativo, al juez se le reportara el incidente de incumplimiento de sentencia previsto en la Ley de Amparo.

“Cuando las autoridades incumplen con lo que te está mandando el tribunal se vuelven acreedores a diferente tipo de medidas que van incrementando. Comienzan con una amonestación, multas, te pueden inhabilitar para ocupar ciertos cargos. Esas medidas las impone el juez o el tribunal dependiendo de cómo se dé el incumplimiento”.

El integrante de GIRE mencionó que espera que no se llegue a esa instancia, pero en caso de que incumplan y lleguen las sanciones, la siguiente ruta sería una declaratoria general de inconstitucionalidad, pues un tribunal ya ordenó la modificación referida. “O ante la Suprema Corte, donde se decrete que los artículos que criminalizan son inconstitucionales”.

Cué Martínez refirió que ningún congreso local del país ha desobedecido a los tribunales cuando les han ordenado la despenalización del aborto, por lo que Jalisco se convertiría en el primero en desatender el tema si persiste el incumplimiento.

Actualmente, el artículo 228 del Código Penal indica que se impondrán de cuatro meses a un año de prisión a la madre que, voluntariamente, procure el aborto o consienta en que otra persona la haga abortar con ese fin y que el aborto se efectúe dentro de los primeros cinco meses del embarazo. Si el aborto se efectúa después de los primeros cinco meses del embarazo, la pena se duplica: la misma sanción se impondrá al que haga abortar a una mujer a solicitud de ésta, “siempre que no se trate de un abortador habitual o de persona ya condenada por aborto, pues en tal caso la sanción será de dos a cinco años de prisión”.

ANTIDERECHOS INFLUYEN EN CRIMINALIZACIÓN

El activista explicó que cada vez que se analiza la despenalización, muchos grupos antiderechos impulsan la criminalización. Señaló que, por ejemplo, en la Ciudad de México el aborto hasta las 12 semanas es legal desde el año 2007, pero después de ese tiempo todavía se puede penalizar.

“Cada vez que se discute o se analiza este tema lamentablemente muchos de los grupos que nosotras denominamos antiderechos impulsan este ánimo de criminalización. Justamente por eso es urgente que se atienda la reforma del Código Penal, para que no quede duda que la criminalización del aborto es inconstitucional y violatoria de derechos humanos”, consideró.

En Jalisco, de enero a junio de este año suman 11 carpetas de investigación por aborto, misma cantidad que todas las registradas durante 2023, es decir, la tendencia va al alza, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Cuestionado al respecto, Cué Martínez aceptó que en GIRE no tienen una estadística sobre los motivos principales por los cuales se abren los casos, pero enfatizó que sospechan de una estrategia de los grupos antiderechos.

“Son precisamente estos grupos los que se dedican también a presentar denuncias a diestra y siniestra, para hacer la vida más complicada de las mujeres que están tratando de ejercer su derecho humano a decidir si quieren tener o no hijos”, dijo.

Finalmente, reconoció que muchas personas aún consideran que la interrupción voluntaria del embarazo es contraria a los principios religiosos y morales; sin embargo, atiende ya a un asunto de salud y legalidad. “Es un asunto multifactorial que es parte de un sistema patriarcal, como dicen las colegas feministas, que oprime a las mujeres que tratan de decidir sobre su cuerpo”.

Voces a favor

El 5 de agosto, cuando se pensaba que la discusión del aborto se subiría al pleno del Congreso de Jalisco para su discusión, la diputada Mara Robles Villaseñor hizo un llamado para que se cumpliera con lo ordenado por el tribunal. Al respecto también se pronunció la diputada Claudia Murguía Torres, quien recordó que el cambio debe hacerse antes de que termine la actual legislatura; de lo contrario, se podría caer en el delito de desacato.

En días pasados, Valeria Ávila Gutiérrez, quien será diputada local en la siguiente legislatura, comentó que el Congreso debe hacer las modificaciones porque es su trabajo. “Tiene que homologarse a las sentencias que emitieron el tribunal federal y la Suprema Corte. No les estamos pidiendo que hagan una reforma de ley integral… Lo único que les solicitamos es que se apeguen a derecho y que le ayuden a las mujeres para que dejen de ser perseguidas”.

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