Después de unas semanas de vacaciones, muchos asuntos se acumularon para comentar; sin duda, la de más actualidad y controversia es la reforma judicial. Las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hacia el Poder Judicial (PJ) han sido extensas y reiteradas: influyentismo, corrupción, nepotismo, conflictos de interés y de actuar “bajo consigna de intereses delictivos”, entre otras cosas. Aunque todo empezó cuando la ministra de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) Norma Piña, el 6 de febrero de 2023, evitó levantarse cuando AMLO llegó a la ceremonia conmemorativa del 106 aniversario de la promulgación Constitución mexicana.
Para entonces ya había dejado la presidencia de la SCJN Arturo Zaldívar, quien visitaba periódicamente al titular del Ejecutivo por lo que su relación era tersa. Incluso AMLO admitió que en ocasiones había intervenido en decisiones de la SCJN durante presidencia de Zaldívar: entonces “había más recato”, pero ahora “está tomada la Corte” y el PJ. Fue entonces cuando surgió la idea de que los jueces, magistrados y ministros fueran elegidos por el pueblo.
Además, con el descalabro de los planes A y B del Ejecutivo en la SCJN, los morenistas se concentraron en el Plan C, que consistía en lograr una mayoría calificada en ambas cámaras para lograr los cambios constitucionales del paquete de propuestas presentadas ante el Congreso el 6 de febrero de este año. Entre esas iniciativas estaba la de reformar el PJ.
La divisa fue “acabar con la corrupción” en el PJ. Debido a que, si no todos, la mayoría estaba corrompido, era necesario que todos se fueran, y que, jueces, magistrados y ministros, fueran elegidos popularmente, sin tener en mente o considerar las dimensiones de esta posibilidad. No solo por la magnitud de dicha tarea, sino por el costo financiero que representará para el erario.
¿Es necesaria una reforma al PJ? Esto nadie lo duda ni lo cuestiona; sin embargo, cualquiera que se realice al PJ deberá venir acompaña de otra profunda al sistema de procuración de justicia contemplando también reforma las fiscalías federales y estales, una tarea que corresponde al Poder Ejecutivo.
Ante los peligros que representa la iniciativa de la elección popular de los miembros del PJ de inmediato se prendieron los focos rojos en varios ámbitos: en el académico, entre los mismos miembros del PJ, entre organizaciones gremiales, en algunos gobiernos extranjeros, inversionistas, entre otros.
De nada sirvieron los foros de discusión que más parecían escenarios de justificación y de propaganda. Permaneció la divisa de “no mover ni una coma”. Si ya con la mayoría legislativa (aunado al transfuguismo vergonzoso de algunos diputados y senadores), no se entiende la prisa por aprobarlo en tan poco tiempo, si no es para “darle un regalo al presidente”; esto es, darle gusto a AMLO y no al pueblo mexicano.
¿Cuál es la prisa? Y tienen mayoría. ¿Qué garantía de que dichas acciones serán eficientes si los proyectos de la 4T han sido ineficaces? (Insabi, megafarmacia, Dos Bocas, AIFA, salud, educación, seguridad, etc.).
X: @Ismaelortizbarb
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