A inicios de abril de este año se fechó el informe final Personas localizadas en el estado de Jalisco, documento presentado por la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana del gobierno del estado, el que se realizó “con intención de contribuir en el conocimiento social sobre (...) la desaparición de personas”.
El informe se centra en el trabajo conjunto de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas (FEPD) y la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco (Cobupej), en el periodo 2018-2023.
Se trata de un documento de 75 páginas –incluidos índice, relación de fuentes y anexos– (se puede consultar en https://acortar.link/VdLyzA) que el periodista Lauro Rodríguez analizó a detalle y del que destacó que 57 por ciento de las personas desaparecidas que son encontradas son halladas sin vida y que las víctimas de los delitos relacionados con la desaparición de personas están focalizadas en el grupo etario de 20 a 39 años.
Tras revisarlo, me gustaría destacar otros datos, como que las mujeres de entre 15 y 19 años (es decir, adolescentes y muy jóvenes) representan el grupo con el mayor índice de localización en casos donde hubo una denuncia ante la FEPD.
En contraste, entre los hombres, el grupo más afectado es el de aquellos de entre 20 y 24 años, que coincide con la etapa adulta joven y productiva en términos laborales.
Geográficamente, el Área Metropolitana de Guadalajara es la región donde se concentran tanto los mayores índices de desaparición como de localización.
Otro aspecto importante es la diferencia entre los casos de desaparición forzada y de desaparición cometida por particulares. En el primero, el grupo de edad más afectado es el de 20 a 24 años, tanto en hombres como en mujeres. Todas las mujeres localizadas en estos casos fueron halladas con vida, mientras que el porcentaje de hombres localizados sin vida es significativamente mayor.
En cuanto a las desapariciones cometidas por particulares, el grupo mayoritario es aquel de los 20 a los 39 años. Entre las mujeres víctimas, casi la mitad fueron localizadas sin vida, en hechos con elementos característicos que podrían terminar clasificando el delito como feminicidio.
Además, el informe menciona ilícitos vinculados a la desaparición, como la ocultación, destrucción o disposición de los cadáveres, lo que complica aún más la investigación y localización de las víctimas. De las 157 personas halladas en inhumaciones clandestinas, la mayoría son hombres de entre 25 y 29 años.
Respecto a las personas localizadas que no fueron víctimas de delitos tipificados en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, aproximadamente 30 por ciento de las mujeres fueron ubicadas sin vida, cifra que en los hombres alcanza 60 por ciento. Este rubro se refiere a delitos como el homicidio y la privación ilegal de la libertad.
Ya especialistas y académicos han señalado que es vital que las estrategias para combatir la desaparición de personas se adapten a las características específicas y de los contextos en los que ocurren estas desapariciones.
Los actuales gobiernos, estatal y federal, están en su recta final. Toda la estructura se va, pero los problemas se quedan. Y si bien podría ser una nueva oportunidad para pulir el abordaje, los protocolos, las acciones e incluso la relación con las víctimas, mientras más información, transparente y certera, se deje a las nuevas administraciones, mejores decisiones se podrían tomar.
Para todos.
X: @perlavelasco
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