Hace 10 años y ante el llamado de los padres, madres y familiares de Ayotzinapa para realizar una primera movilización nacional exigiendo la presentación con vida de sus hijos desaparecidos, en Guadalajara se organizó rápidamente una coordinación con diversas organizaciones sociales para realizar la convocatoria. Entre los acuerdos se determinó redactar un pronunciamiento abierto a la suscripción de colectivos, redes y personas interesadas.
Fue suscrito por más de 30 organizaciones y alrededor de cien personas vinculadas al ámbito académico (Universidad de Guadalajara, ITESO, CIESAS), periodismo y por defensores de derechos humanos. El documento se intituló Declaración de Guadalajara en solidaridad con Ayotzinapa, y fue leído por la actriz Ofelia Medina, en la Plaza de la Liberación, el 8 de octubre de 2014. Se transcribe el contenido del posicionamiento:
“Ante el Crimen de Estado ni perdón ni olvido, Justicia.
“En la noche del 26 de septiembre pasado, en Iguala, Guerrero, los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa que viajaban en varios autobuses hacia la ciudad de Chilpancingo, fueron agredidos a balazos de forma indiscriminada por la policía municipal y sujetos desconocidos (...)
“Este hecho criminal se suma a otras acciones represivas en contra de los estudiantes por parte de las policías de distintos niveles, como la ocurrida a finales del 2011, en el operativo de desalojo en la ‘Autopista del Sol’, donde fueron ejecutados tres estudiantes; otros más heridos de bala y decenas detenidos arbitrariamente. Hechos que aún permanecen impunes. (…)
“Ante esta situación en un país donde las desapariciones, la tortura y el crimen se han convertido en hechos cotidianos; donde reina la impunidad, la injusticia, el tráfico de influencias y la colusión por parte de la fuerza pública con organizaciones criminales como las que operan en el estado de Guerrero, en complicidad o bajo la vista gorda de autoridades corruptas de todos los niveles, la represión y el asesinato de jóvenes estudiantes de extracción popular que defienden la educación pública no son hechos aislados, sino un crimen de Estado y un acto de lesa humanidad.
“Por tal razón, las organizaciones, ciudadanos, jóvenes y estudiantes que suscribimos este pronunciamiento, hacemos nuestros los reclamos y exigencias de las familias y compañeros de las víctimas para que se haga justicia y se presenten vivos a los 43 desaparecidos, rechazando con indignación las falsificaciones del gobernador y sus colaboradores, quienes también son responsables de los hechos y cómplices de los ejecutores de este crimen.
“Denunciamos la conducta omisa del Poder Ejecutivo federal, a cargo del señor Enrique Peña Nieto; al sistema político mexicano, corrupto y antidemocrático, sostenido por partidos políticos mafiosos y funcionarios ligados al crimen organizado; un Estado asesino y represor que exhibe el grado de descomposición y crisis a que ha llegado.
“Exigimos se lleve a cabo una investigación independiente, expedita y eficiente de los hechos criminales y represivos ocurridos en Iguala en contra de los estudiantes normalistas y se castigue ejemplarmente a los policías responsables de las ejecuciones extrajudiciales, así como a las autoridades municipales, estatales y federales que omitieron y consintieron las graves violaciones a los derechos humanos.
“Demandamos se garantice la seguridad e integridad de los estudiantes que han denunciado los hechos y de los defensores que acompañan en su proceso a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, protegiendo los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidas universalmente.
“¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.
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