Reconocen agravios a derechos en Ayotitl�n

El Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico presentó su informe Fue el Estado (1965-1990), documento en el que se reconocen, por primera vez, las graves violaciones a derechos humanos que desde 1920 se documentaron en la comunidad nahua de Ayotitlán, en Cuautitlán de García Barragán.

El informe, signado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, enlista una serie de eventos violatorios a derechos humanos que hasta el día de hoy tienen repercusiones. Dos de ellos son las matanzas de Timbillos y Tenamaxtla, ocurridas en 1920 y 1954, respectivamente.

De la primera, que dejó 13 indígenas muertos, entre ellos un niño, se responsabiliza a los cacicazgos colimenses que buscaban quedarse con las tierras de la comunidad indígena, hecho que al final terminó concretándose entre 1940 y 1950 a causa de que el juzgado de Autlán despojó de los títulos de propiedad a los comuneros, aprovechándose de que no hablaban español.

De Tenamaxtla no se especifica cuántas personas fueron asesinadas, pero sí se responsabiliza al general Marcelino García Barragán. Los sobrevivientes huyeron y el pueblo desapareció. Este clima de inseguridad fue aprovechado por el Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada y aserraderos, los cuales además de quedarse con los recursos naturales, explotaron a, al menos, 400 indígenas.

Desde ese entonces comenzó una serie de hostigamiento, amenazas, desplazamientos forzados, homicidios, desapariciones y más graves violaciones a derechos humanos, que, advierte el Mecanismo, persisten hasta el día de hoy.

“A través de generaciones, los habitantes han sufrido pérdidas de miembros de su familia debido al conflicto produciendo una deficiente calidad de vida, con miedo permanente a realizar diferentes acciones y organizarse”, señala el documento en alusión a los homicidios y la violencia existente a lo largo de los años recientes.

Ante los hallazgos se pide a la autoridad atender las violaciones a derechos humanos y, además, involucrarse en la disputa agraria que hay actualmente para el reconocimiento de la comunidad indígena.

TAREA PARA SHEINBAUM

Si bien el reconocimiento de las graves violaciones es un paso histórico, esto no debe quedar sólo en eso, consideró Óscar González Garí, integrante de la Red Jalisciense de Derechos Humanos (RJDH). En entrevista, mencionó que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, tendrá la tarea de dar seguimiento.

El primer paso tendrá que ser una disculpa pública y, posteriormente, trabajar en dar garantías de no repetición y en la reparación integral del daño; sin embargo, reconoció que estos pasos dependerán de la voluntad política que tenga la próxima presidenta.

Cepad exige que el Estado Mexicano atienda recomendaciones de la ONU

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió 27 recomendaciones al Estado Mexicano sobre detenciones arbitrarias como parte del informe presentado esta semana tras su visita al país. Desde el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) se exigió a las autoridades acatarlas.

El centro recordó que las preocupaciones de la ONU son compartidas por las organizaciones en Jalisco y México, ya que afectan a grupos vulnerables.

“El Grupo de Trabajo externó su preocupación por el aumento de la militarización y políticas punitivas en materia de drogas. Esto afecta de manera particular a grupos vulnerables: comunidades indígenas, jóvenes, personas en movilidad y personas con discapacidad psicosocial. Miles de personas en México han sido víctimas de estas prácticas, sufriendo detenciones arbitrarias, tortura, separación de sus familias y represalias por denunciar”.

Entre las exigencias se encuentra eliminar la figura de prisión preventiva oficiosa y garantizar la independencia judicial.

“Junto a víctimas y organizaciones de la sociedad civil, exigimos a las autoridades: crear un mecanismo de seguimiento a las recomendaciones del Grupo de Trabajo; derogar el arraigo y la prisión preventiva oficiosa; garantizar la independencia judicial; investigar y sancionar las detenciones arbitrarias; garantizar la reparación integral del daño a las víctimas, y poner fin a la política de fabricación de culpables”. Lauro Rodríguez

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