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POR SERVICIOS. La mayor parte del dinero gastado por el Congreso local se pag� al Instituto Nacional de Administraci�n P�blica. (Foto: Especial)
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El Congreso de Jalisco erogó 8.9 millones de pesos (mdp) por el proceso para la elección de nueve magistraturas y una consejería del Poder Judicial local, es decir, un costo promedio de 897 mil 584 pesos por cada una, según información brindada por transparencia.
Casi todo el dinero se pagó al Instituto Nacional de Administración Pública por conceptos como “guía del sustentante” y “entregable del dictamen con los resultados de los exámenes”. En total, el Legislativo le destinó 8 millones 566 mil 600 pesos en 12 facturas realizadas de octubre de 2023 a septiembre de 2024.
En marzo y septiembre de este año se emitieron otras dos facturas por un total de 409 mil 249 pesos al Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior por el servicio de evaluación en la elección de magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco (TJA).
Las guías de las personas sustentantes incluyen información para quienes presentan los exámenes, así como bases legales, características generales, ejemplos de preguntas, estructura, recomendaciones de consulta e información acerca de la entrega y publicación de resultados del proceso de aplicación del examen.
En 2023, las convocatorias fueron para tres vacantes para ocupar el cargo de magistradas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, mientras que este año se emitieron seis para siete plazas: dos magistraturas para la Sala Superior y tres para la Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), una magistratura para el STJEJ y una consejería ciudadana para el Consejo de la Judicatura del Estado.
La elección y ratificación de magistrados y magistradas es atribución del Poder Legislativo, de conformidad con el artículo 35, fracción nueve, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, en relación con los numerales 219 y 220 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
ELIGEN A MAGISTRATURAS
En una sesión extraordinaria que se extendió hasta la madrugada del sábado, diputados y diputadas del Congreso de Jalisco avalaron diversos nombramientos para ocupar espacios vacantes en el Poder Judicial, pese a que todas las convocatorias contaban con juicios de amparo.
Ante los recursos impuestos contra los procesos de elección, los legisladores determinaron dejar sin efectos las minutas de los acuerdos legislativos 264/LXIII/24, 265/LXIII/24, 267/LXIII/24, 274/LXIII/2024, 275/LXIII/2024 y 278/LXIII/24, y aprobaron nuevas convocatorias para que se ocuparan los cargos; sin embargo, dejaron vigentes los derechos de las personas aspirantes registradas en los anteriores procesos.
La presidenta de la Mesa Directiva, Claudia Murguía Torres, abandonó la sesión al no estar de acuerdo debido a que las convocatorias estaban detenidas judicialmente, por lo que la diputada de Movimiento Ciudadano (MC) Priscilla Franco Barba tomó su lugar. También la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se inconformó por lo sucedido; de hecho, la legisladora Leticia Pérez Rodríguez pidió que se dejara por asentado en el acta que la fracción guinda presentaría las denuncias correspondientes.
Posteriormente los diputados eligieron a Rocío Calzada Cárdenas, Paloma Romana Magallanes de la Rosa y Abel Octavio Salgado Peña como magistrados integrantes de la Sala Unitaria del TJA en sustitución de Horacio León Hernández, Alberto Barba Gómez y Armando García Estrada, respectivamente.
También se nombró a Damián Campos García como magistrado del STJEJ, ya que concluyó el periodo para el que fue electo Espartaco Cedeño Muñoz. En ese mismo tenor se votó a favor de Martha Gloria Gómez Hernández como consejera ciudadana integrante del Consejo de la Judicatura, quien sustituirá a José de Jesús Becerra Ramírez.
Además, se ratificó en el cargo a Avelino Bravo Cacho como magistrado de la Sala Superior del TJA por un segundo periodo de siete años que se computará a partir del día primero de enero del 2025. En esa misma sesión los nombrados tomaron protesta de ley.
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