Enteran a la CIDH sobre reclutamiento en Jalisco

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) envió un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre parte del contexto de la desaparición de personas en Jalisco. En el documento destacan a la desaparición forzada y al reclutamiento forzado como factores clave y causales.

El lunes, el Cepad hizo público el documento que habla sobre cómo la disputa del territorio por parte de diversas células criminales genera desapariciones ligadas al reclutamiento forzado que se da, principalmente, en hombres jóvenes.

“En esta línea se ha presentado una diversificación de métodos en torno al reclutamiento, donde juegan un papel importante las plataformas digitales y las redes sociales, donde se utilizan anuncios de empleo imprecisos y bien remunerados, o usuarios que presuntamente pertenecen a grupos criminales publican mensajes alusivos a que el cártel está reclutando integrantes”, describe el documento.

La organización añade que, “al parecer, paradójicamente este fenómeno se ha recrudecido debido a las becas, los programas de empleo para que los jóvenes construyan su futuro y capacitaciones de la actual administración federal”.

Aunado a lo anterior, el Cepad identifica a las desapariciones forzadas, es decir, aquellas donde hay participación de elementos del Estado, como otro elemento clave en la crisis que vive la entidad.

“En estos casos los agentes de seguridad pública, principalmente agentes municipales de distintos cargos y funciones (ya sea policías, comandantes y servidores públicos administrativos) han cometido

desapariciones en un marco sistemático de detención arbitraria e ilegal, principalmente durante

trayectos en carreteras libres o rurales, donde se detiene a personas o grupos de personas, las bajan de sus vehículos, les detienen y posteriormente las llevan a sitios de detención en el municipio, usualmente a las comisarías de seguridad pública municipal”.

El Cepad incluyó en el informe varios casos mediáticos de desaparición forzada, como el de los hermanos Camarena en Ocotlán, el de tres italianos en Tecalitlán y el de comerciantes veracruzanos en Autlán de Navarro.

Tras esta información, junto con otra que enviaron familias, colectivos y más organizaciones, la CIDH elaborará un reporte y recomendaciones dirigidas al Estado Mexicano.

Aumentan las atribuciones al IJCF en materia de identificación de personas

Diputadas y diputados del Congreso de Jalisco avalaron reformas a la Ley Orgánica del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJFCF) para otorgar nuevas atribuciones en materia de identificación de personas.

Por ejemplo, se indicó que tendrán a su cargo la operación del Registro Estatal de Personas Fallecidas y No Identificadas, así como el Banco Estatal de Datos como parte del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas.

También podrán ejecutar, en el ámbito de su competencia, las acciones establecidas en el Programa Nacional de Búsqueda y Localización y el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense en conjunto con las autoridades encargadas de la búsqueda e investigación, y en los términos señalados por la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y por la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco.

Además, podrá establecer e implementar las políticas, planes, programas y metodologías tendientes a la búsqueda, recuperación e identificación de personas fallecidas no identificadas, siempre garantizando el abordaje técnico, científico y humano dentro de los estándares nacionales e internacionales, y a efecto de llevar a cabo la restitución digna e informada de la persona fallecida a sus familiares o deudos;

El instituto también precisó que el IJCF podrá recuperar, recolectar, resguardar, trasladar, transportar y analizar con fines de identificación humana los cuerpos, restos humanos y muestras óseas para su procesamiento genético, así como resguardar la información tendiente a la identificación humana, la cual, una vez procesada, será remitida a la autoridad competente y dada a conocer a las familias interesadas en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Ilse Martínez 

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