El gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo inició con la tragedia del asesinato de ocho personas migrantes –dos de ellas menores de edad– por elementos del Ejército mexicano, quienes, sin intermediar palabra, abrieron fuego y arrebataron la vida a estas personas e hirieron de gravedad a otras en su tránsito por el estado de Chiapas.
Este golpe de realidad pone en evidencia los retos que enfrenta el Estado mexicano para atender y resolver la desprotección que viven las personas migrantes, lo mismo que para frenar, sancionar y reparar los abusos de autoridad y de fuerza desproporcional del Ejército mexicano, la Guardia Nacional y otras corporaciones de seguridad en los tres órdenes de gobierno.
La primera mujer presidenta en México no puede ni debe ser omisa en la atención y solución a la crisis humanitaria que mantienen las instituciones de nuestro país en esta materia; es imperativo que establezca una política pública de migración y disponga de los recursos económicos, presupuestales, humanos y materiales suficientes para que las y los servidores públicos que tienen la responsabilidad de atender de manera directa e indirecta a las personas en situación de movilidad, actúen apegados a la legalidad y a los derechos humanos.
El gobierno de la presidenta Sheinbaum Pardo tiene en sus manos la responsabilidad de garantizar verdad y justicia a las víctimas del Estado mexicano, y tiene también la obligación de evitar la repetición de abusos y violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes. Es una tarea que no puede ni debe eludir, dado que tiene a disposición la evidencia, el testimonio de las víctimas y sus deudos; tiene el trabajo colegiado de diversas organizaciones de la sociedad civil e instituciones sociales, productivas, académicas y de investigación que han acompañado y atendido a esta población por todo este país; ellas y ellos conocen la realidad que viven las personas migrantes en México.
Estos colectivos y organizaciones tienen recomendaciones concretas al Estado mexicano que pueden ser útiles para identificar, atender y solventar las necesidades de atención y protección de esta población; para fortalecer y mejorar el sistema de asilo; para diseñar, organizar y operar un sistema interinstitucional eficiente para que las personas solicitantes de asilo obtengan la documentación necesaria para tramitar y formalizar su estadía regular en el país; para reconocer y ampliar las oportunidades de acceso al trabajo, a la educación, a la salud de estas personas y sus familias y que a su vez, puedan contribuir al crecimiento y desarrollo del país y la sociedad.
Claudia Sheinbaum tiene la fuerza del Estado, la interlocución con pares y organismos de cooperación internacionales altamente especializados para sumar experiencia, saberes, mejores prácticas. La migración no se va a detener con discursos, programas o decretos; tampoco con la omisión institucionalizada, que también es violencia. Entonces, ¿qué más tiene que ocurrir en este país para que las y los migrantes sean vistos y tratados como lo que son, como merecen, como personas?
X: @claudiaacn
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