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El gobernador electo Pablo Lemus Navarro presentó hace unos días la que será su estrategia ante la crisis de desaparición de personas. Como punto a su favor está la admisión del que ha sido el problema más grave para el estado y que ha sido minimizado de manera constante por el actual mandatario, Enrique Alfaro Ramírez. Como punto en contra está su afirmación de que el proyecto se diseñó con los colectivos de desaparecidos, lo que no fue verdad.

Hace unos días entrevisté a Guadalupe Aguilar, representante del colectivo Familias Unidos por Nuestros Desaparecidos. Su hijo, José Luis Arana, desapareció en 2011. El colectivo que encabeza se ha enfocado a apoyar a los familiares de personas desaparecidas que acuden al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF). Ella admitió que su colectivo no fue tomado en cuenta, pero que una vez que se presentó la propuesta, fueron contactados.

Para Guadalupe Aguilar, lo más importante es que el futuro gobernador admite que hay un problema grave de desapariciones. Por ello, aseguró, prefiere tener esperanzas.

Por su parte, el vocero del colectivo Luz de Esperanza, Héctor Flores, quien también confirmó que no los consultaron para la elaboración de la estrategia, ha sido muy puntual en las dudas que genera el proyecto de Pablo Lemus y los riesgos de que aumente la burocracia. Y no podemos culparlo: en la actual administración se crearon nuevas instituciones y se destinó más presupuesto, pero eso implicó más burocracia y peores resultados. La prueba de esto es que Enrique Alfaro Ramírez entregará el gobierno a Pablo Lemus con Jalisco ubicado en el primer lugar en personas desaparecidas y en cuerpos rescatados de fosas clandestinas, así como en los primeros lugares en fosas clandestinas y con la peor crisis forense, muy superior a la que se vivió con los llamados tráileres de la muerte.

Además, este colectivo había establecido acuerdos con el Ayuntamiento de Guadalajara cuando Lemus Navarro era presidente municipal en funciones para la difusión de las fichas de búsqueda. Los espacios al final fueron insuficientes y personal del municipio se sumó al retiro de las fichas colocadas directamente por los familiares en el mobiliario público.

Otro de los colectivos que también confirmó que no fueron tomados en cuenta es Guerreros Buscadores, cuyas tareas se han enfocado en las búsquedas en campo, especialmente en fosas clandestinas. Su dirigente, Indira Navarro, confirmó que después de la presentación ya los localizaron, por lo que solo pidió que realmente se busque avanzar, que se elija para estar frente a las instituciones a las personas adecuadas y que quieran trabajar.

Ayer, el equipo de Pablo Lemus envió un comunicado con algunas aclaraciones sobre las dudas que hay en torno a la estrategia de búsqueda. Precisan que no desaparecerán el IJCF ni la Comisión de Búsqueda y que la nueva secretaría se crea para articular los trabajos de las diferentes áreas. También ofrecen mejorar la capacidad forense con más personas y regionalizar los trabajos.

En el oficio afirman que la intención de la iniciativa que se presentó para reformar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo es “obtener mejores resultados en la búsqueda de personas desaparecidas y mejorar la atención de las familias que viven esta lamentable situación”.

Admitir un problema, dijo Lupita Aguilar, es el primer paso para buscar resolverlo. Esa es la principal diferencia con el actual gobierno. Esperemos que sea verdad.

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GR