Legislar�al vapor

“Rápido y bien, no hay quien”, dice la sabiduría popular ante la demanda de alguien que tiene la urgencia de que se le resuelva algún asunto. Claro que hay ocasiones en que la calidad no es tan importante como la rapidez.

Sin embargo, en el caso de la legislación no podemos ni debemos contentarnos con resultados mediocres, porque está en juego nuestro bienestar. La hechura de leyes requiere de mucho cuidado para evitar agravar los problemas que se pretende arreglar proponiendo o reformando nuestro marco legal.

Una muestra de los problemas que trae legislar al vapor la podemos ver en el Congreso de la Unión, en el que, por aprobar aprisa, y tratando de no moverle ni una coma a la propuesta de reforma al Poder Judicial federal, se dejaron varios cabos sueltos, y fue necesario hacer una reforma de la reforma, que de nueva cuenta traía errores, debido a la prisa con la que también se elaboró.

Y en el Congreso de Jalisco acaban de cometer el mismo error. Tratando de aprovechar que en esta legislatura cuentan con la mayoría suficiente para actualizar leyes, integrantes de todos los partidos que lo conforman, con excepción de Futuro, aprobaron sin mayor discusión y revisión la iniciativa del gobernador electo, Pablo Lemus, para crear una Secretaría de Inteligencia y Búsqueda, situación contra la que ya se habían pronunciado organizaciones de personas buscadoras de sus seres queridos desaparecidos, junto con Cepad, organización no gubernamental defensora de derechos humanos, y algunas otras.

La actitud de Lemus de reconocer la existencia del problema es correcta, puesto que no se gana nada negando que Jalisco es el estado con más personas desaparecidas de todo el país. Sin embargo, para darle la atención que realmente merece se requería un abordaje más cuidadoso.

Las organizaciones se manifestaron en contra de la creación de esa nueva instancia por varios motivos, que se recogen en pronunciamientos públicos. El primero es que no se recurrió a procesos de Parlamento Abierto y participación conjunta que permitan un diálogo con familiares de personas desaparecidas y la sociedad en general para reforzar las iniciativas que se presentan.

En segundo lugar, consideran que no se analizaron con seriedad los riesgos que podría implicar la iniciativa aprobada. Por ejemplo, podría generar mayor peligro de abusos y violaciones a los derechos y disminuir la priorización, inmediatez y operatividad de los procesos de búsqueda, y replicar malas prácticas y vicios institucionales de las instancias de procuración de justicia, seguridad pública e inteligencia ya existentes.

En tercer lugar, es evidente el desconocimiento del marco jurídico existente por parte de quien redactó la iniciativa, que establece la necesidad de que participen en estos asuntos familiares de personas desaparecidas, tanto en el orden estatal como en el general.

Finalmente, al aprobar el dictamen, el Congreso desacató una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que le obliga a crear una fiscalía especializada y autónoma para investigar los delitos en materia de tortura.

Legislar rápido y bien, no hay quien.

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