La burocracia buscadora�y los desaparecidos

En pocas semanas se cumplirán cinco años de la desaparición de cuatro hermanos, perpetrada en diciembre de 2019 por policías municipales de Ocotlán. El caso es un ejemplo de cómo alrededor de las desapariciones se erige una gigantesca burocracia, estatal y federal, en menor medida municipal, que poco cumple su obligación: localizar a las víctimas, proteger a sus familias, garantizar justicia, prevenir desapariciones, investigar profesionalmente y combatir la impunidad.

Se trata de una burocracia paquidérmica enquistada en los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Son empleados que por acción u omisión durante años han sido cómplices de que las desapariciones aumenten y que rebasen las 15 mil personas en Jalisco. Es un enorme bloque de dizque servidores públicos que, con notables excepciones, beneficia a la delincuencia. Es un sistema con regular resultado en las desapariciones voluntarias, pero reprobado en las forzadas y las cometidas por particulares.

La lectura detenida de la recomendación 34/22 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) y el seguimiento periodístico a la desaparición de los cuatro hermanos Camarena es recorrer el camino del infierno. Es conocer la maraña sólida, casi inexpugnable, inmune a las recomendaciones de la comisión (la que emitió, con una liga que no funciona en la web, sigue “en vías de cumplimiento”) o de organismos internacionales, como el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada; que se topa con el aparato burocrático, sin incluir el federal, integrado por la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, ministerios públicos de la Fiscalía del Estado, Comisión Estatal de Búsqueda, Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, CEDHJ, Subsecretaría de Derechos Humanos del gobierno del estado, comisarías, Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, juzgados de Control y Oralidad, Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos (MPPDDH); diputados locales que no aprueban, ni actualizan leyes, ni asignan suficiente presupuesto, y un gobernador desinteresado en el tema, que desaparece a los desaparecidos en su discurso e informes. Con esa red de intereses topan las familias que, en muchos casos, solo desean recuperar a quienes les fueron arrebatados con violencia.

María Guadalupe Camarena Rodríguez y su familia padecen una larga pesadilla desde que el 6 de junio de 2016 desapareció en Tlaquepaque su hija Lucero Ávalos Camarena, y que en diciembre de 2019 fueron desaparecidos sus hijos José de Jesús, Ernesto, Tonatiuh y Oswaldo Javier. Han enfrentado amenazas, violación de su domicilio, intentos de privaciones de la libertad y desdenes de la burocracia referida, entre otras agresiones. Solo hay dos ex policías condenados por participar en la desaparición, sus cómplices siguen prófugos y los hermanos no aparecen.

La pesadilla prosigue: el Consejo Consultivo del MPPDDH denunció que éste es ineficiente y negligente, y exigió se reubique a Mayra Elizabeth Ávalos Camarena, quien continúa buscando a su hermana y hermanos desaparecidos, y sufrió amenazas y agresiones el 11 de octubre.

A esa gigantesca burocracia construida alrededor de las desapariciones se sumaría otra el próximo sexenio, aprobada por diputados locales sin consultar a las familias, la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda. Criticada atinadamente por más de 250 colectivos y organismos, se impone escuchar a los colectivos, tomar en cuenta sus observaciones, hacer ajustes y corregir el rumbo.

X: @SergioRenedDios

GR