En estos días se prevé sea discutida en la Cámara de Diputados el proyecto de decreto de reformas constitucionales que plantea la extinción de siete órganos autónomos; uno de ellos, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai). Su desaparición, promovida por el gobierno federal y hasta ahora obedecida ciegamente por legisladores de Morena y aliados, es una regresión que atenta contra los derechos ciudadanos a la información, la transparencia y la comunicación.
La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) advierte que la autonomía técnica y la independencia política de estos organismos (incluye al Instituto Federal de Telecomunicaciones) es un principio fundamental para el funcionamiento democrático de nuestra sociedad y un requisito indispensable para evitar que las políticas públicas, regulaciones, resoluciones y decisiones en estas áreas tan sensibles queden sujetas a intereses políticos.
Añade que subordinar las funciones de estos órganos al Ejecutivo federal o a dependencias vinculadas, incrementa el riesgo de politización y amenaza la imparcialidad de las decisiones que afectan a todos los ciudadanos.
Además de la Amedi son numerosas las instituciones y especialistas que han advertido las consecuencias retrógradas de la decisión. Con el Inai y lo que representa, está sucediendo lo que, con otros organismos, desde el sexenio pasado: basta una acusación presidencial machacada en las conferencias matutinas para que se les elimine, sin diagnósticos, sin análisis, sin escuchar voces críticas, sin valorar las repercusiones. Primero, se les denigra; después, se les extingue. En vez de modificar lo necesario para que cumplan sus funciones, las desaparecen. El principal argumento del proyecto es que el Inai es oneroso, sin reconocer que el gobierno federal quiere ser juez y parte.
Me detengo en un punto: la extinción del Inai y de sus homólogos estatales, como el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Jalisco (Itei), es un golpe al periodismo de investigación. Es decir, al periodismo que para sus investigaciones interpone solicitudes de información, vía transparencia, y que ante la recurrente negativa de las dependencias pide la intervención de los organismos garantes.
El periodismo de investigación saca a la luz pública lo que ocultan autoridades, personajes o grupos del poder; no es complaciente con las corruptelas, ni irregularidades; escarba durante semanas, meses o años en asuntos de interés colectivo; sigue una metodología para investigar y comprobar con evidencias sus hallazgos; decide su agenda de temas con independencia de criterio editorial y sin las consabidas presiones externas; suele contrastar y desmentir versiones oficiales de lo que ocurre; garantiza el derecho constitucional a la información y a que se transparenten decisiones de los sujetos obligados; y contribuye a la necesaria rendición de cuentas de los funcionarios. Un periodismo así es incómodo para cualquier gobierno, de cualquier partido político.
Son numerosos los ejemplos de excelentes indagaciones realizadas a fondo por reporteros y reporteras de México. Un ejemplo son las generadas por Quinto Elemento Lab (@quintoelab). Golpear al periodismo de investigación del país es alentar la corrupción y la opacidad. Lo grave es que hacia allá apuntan sus votos legisladores de Morena, ahora los diputados, luego los senadores, y la Presidencia de la República.
X: @SergioRenedDios
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