Dos decisiones trascendentales perfilan momentos complejos en el horizonte cercano del funcionamiento político de nuestro país. Entendiendo la política como una de las tantas maneras de ejercer el poder considerando las diferencias de intereses entre otros representantes, sin mayoría, pero con presencia efectiva en el panorama de la gobernanza, en una sociedad en particular.
La renuncia a entrar en el debate constitucional respecto de la reforma al Poder Judicial, planteada por una sola de las fuerzas políticas, y que el Poder Judicial desestimó analizar, otorgando la facultad a uno solo de los tres poderes para su desarrollo y ejecución, dando como resultado para la mayoría parlamentaria de establecerse como la entidad de proyección de funcionamiento del país. De esta forma se fragilizó la perspectiva de la contención de poder en una sola instancia que, en este caso, está siendo el Poder Legislativo y que, con ello, está llevando las decisiones políticas del país hacia la perspectiva que esa hegemonía parlamentaria considera son las que deben llevarse a cabo.
Ante la pregunta de la comisionada interamericana de los Derechos Humanos a la mayoría parlamentaria, respecto a si se contaba con un diagnóstico que planteara, expusiera, desarrollara y proyectara escenarios para programar una reforma de tal envergadura, la respuesta fue simple y sencilla: se trató de una razón de Estado.
El otro acontecimiento sobresaliente lo constituyó el nombramiento de la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En un proceso que en su inicio partía de las reglas establecidas para generar ese nombramiento y, ante el anuncio de la anterior y actual comisionada, que mencionó que se reelegiría en el cargo, siendo entre las 15 finalistas la peor evaluada. De acuerdo con las reglas para procesar el nombramiento, no tendría ninguna posibilidad de quedar en la terna. Sin embargo, contrario a todo pensamiento sensato, no solamente se le colocó en la terna, sino que fue nombrada por el Senado, tomando en cuenta que del propio Senado surgió la disposición estatutaria de la no reelección. De esta forma, el Senado decidió el nombramiento de la desprestigiada comisionada, sin las calificaciones necesarias, incluyendo una carta fraudulenta de apoyo que se auto envió para reforzar lo imposible, su calidad de competidora. La respuesta frente a esa insólita decisión es que se trató de una “razón de Estado”.
La presidenta de la República, posterior a esa controvertida sesión, ofreció una explicación: “Es una decisión del Senado la que se tomó ayer... y hasta ahí”.
La perspectiva que inquieta a muchos espacios sociales la constituye la forma en la que van a desarrollarse los esquemas de selección para los nuevos funcionarios del Poder Judicial. Tomando como antecedente los eventos que acaban de pasar, entonces la perspectiva de generar una ampliación de la bancada dominante en los espacios que se van a generar en 2025, con la elección de los representantes del Poder Judicial, hasta qué punto puede esperarse un procesamiento objetivo y políticamente proporcional de las fuerzas que operan en nuestro país. Se trata de articular una gobernanza representativa y no unívoca. Esperemos que haya decisiones representativas y que no se interponga una abstracta razón de Estado.
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