En los inicios de las administraciones públicas, al periodo de inicio de organización de los nuevos funcionarios se le denomina la curva de aprendizaje. Esta fase de la administración constituye un momento valioso porque no se puede extender en el tiempo, básicamente por el hecho de que se vislumbran los problemas que implica un espacio específico de gestión, respecto del cual la ciudadanía tiene necesidades particulares de atención y, al margen de las habilidades formativas del funcionario, se trata ahora de familiarizar con la ocupación específica del área que se atiende.
Una forma de comenzar a evaluar los desempeños de una administración es con una moda establecida en Estados Unidos a la que denominan “los primeros 100 días”, tiempo suficiente para observar los desempeños de funcionamiento y pronosticar la perspectiva del nuevo gobierno.
De la presente administración, que arrancó en octubre, llevamos la mitad del recorrido para esa primera evaluación del aprendizaje. La singularidad de este nuevo periodo de gestión sexenal la constituye el enorme peso que representó la pasada administración. Se trata de la misma marca política que se conforma de elementos favorables pero, en el caso de la presente, de ciertas dificultades, porque no se puede partir de un diagnóstico objetivo del estado de la administración porque eso implicaría, ciertamente, evaluar los aciertos y errores que favorezcan una continuación, y el problema es la poderosa carga simbólica y narrativa anterior, de no tener errores de ninguna especie, circunstancia que dificulta el análisis objetivo del estado de las cosas cuando no se parte de la evidencia empírica, sino de una narrativa.
Desde el primer momento de arranque de actividades iniciaron con un proyecto de compleja envergadura que no contó ni con el diagnóstico social, el análisis técnico y la discusión pública que permitiera desarrollar un plan con líneas de acción y metodología de operación funcionales. De esta forma, el inicio de la administración actual partió con la reforma del Poder Judicial.
Se trata de un deseo del ex presidente que dejó como un proyecto a desarrollar por la nueva administración, no solamente del Ejecutivo, sino de la nueva conformación del Poder Legislativo. El resultado ha sido un procesamiento defectuoso y pleno de errores en su desarrollo. Ese caos redunda en la necesidad de hacer reformas a las reformas constitucionales en las que el partido hegemónico desarrolla sin presión de ninguna especie modificaciones constitucionales. Con ello se desestabiliza la estructura institucional, base de la certidumbre que no se ha alcanzado.
Por otra parte, de igual forma, se desarrolla el esquema de desaparición de los órganos constitucionales autónomos, como el Inai, respecto de los cuales se parte de deseos e intenciones e igualmente del encargo del ex presidente, pero no de análisis organizados para comprender las consecuencias, institucionales y organizacionales. La mayoría no elimina la política como medio de negociación, porque la representación política se basa en un poderoso sentido de integración de la opinión de todos los sectores sociales y no solamente de una fuerza. Probablemente la curva requiera no solamente de mayor tiempo, sino de mayor sentido de representación de la ciudadanía.
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