La semana pasada, integrantes de la colectiva de búsqueda de personas desaparecidas Por Amor a Ellxs, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) y el periodista Darwin Franco dieron una rueda de prensa en la que dieron cuenta del balance de los resultados de la administración saliente en el tema de la desaparición de personas, y su conclusión fue que quedaron mucho a deber.
Y si consideramos que, conforme a lo que informaron, seis de cada 10 desapariciones de personas ocurrieron en Jalisco durante el sexenio que está por terminar, no queda sino preocuparse, puesto que eso nos indica que la situación se está agravando, lo que es mucho decir en el estado que es epicentro mundial de las desapariciones.
En ese sentido, no sorprende que el gobernador electo, Pablo Lemus, haya dado prioridad al tema aún antes de tomar posesión del cargo. La situación amerita avanzar lo más rápidamente posible, tanto para contenerla, como para hacer más efectivos los esfuerzos de localización.
El problema de la desaparición de personas es muy complejo, dado que se entrecruzan muchos asuntos, y está claro que los recursos invertidos hasta ahora han resultado insuficientes, lo que solo abona al sufrimiento de miles de personas y familias que enfrentan esta situación.
Precisamente, por la magnitud del problema, es necesario conjuntar esfuerzos de varios actores públicos: las colectivas de búsqueda, que son las que mejor comprenden el problema, no solo porque lo padecen, sino porque lo han enfrentado directamente, tratando de resolverlo, y junto con ellas, las organizaciones de la sociedad civil que las acompañan de manera solidaria.
También se requiere del trabajo que diversas instancias académicas han realizado para comprender lo que ocurre, y que están elaborando propuestas de atención al problema, así como las investigaciones periodísticas que se han realizado, y que nos ofrecen un panorama más amplio de lo que ocurre.
Por otra parte, también es necesario el apoyo de diversas instancias internacionales, como el Comité Internacional de la Cruz Roja o el Comité contra Desapariciones Forzadas de la ONU, que ya han participado en otros momentos, como en la elaboración de las leyes locales relacionadas con el tema.
Ahora, además, será necesario que las instancias empresariales se vayan involucrando, dado que la ley de declaración especial de ausencia tiene implicaciones laborales, y es importante que las empresas estén al tanto, hagan lo que les corresponde y aporten lo que puedan para solucionar este problema.
Finalmente, corresponde a las nuevas autoridades darles rumbo a todos estos esfuerzos, para que haya coherencia, algo que, de acuerdo con lo manifestado al inicio de esta columna, parece que no se dio en la administración saliente.
Como se ve, es un problema muy grande que no podría solucionar por su cuenta ninguna de las partes que he mencionado, por lo que necesitamos generar un acuerdo de gobernanza que le dé efectividad a lo que hagamos como sociedad para ir resolviendo este problema que provoca tanto sufrimiento inútil, injusto e innecesario.
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