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Jalisco ocupa el primer lugar en personas desaparecidas. La entidad se mantuvo como una de las más violentas del país en los últimos seis años.

Los casos de personas desaparecidas se triplicaron durante la gestión de Enrique Alfaro, de 5 mil 873 personas reportadas como desaparecidas o no localizadas en 2019 se pasó a 15 mil 348 casos en 2024, es decir, 9 mil 618 casos de personas desaparecidas más se habrían registrado durante la anterior administración.

Y aunque parece que la estrategia de atención a las familias víctimas de personas desaparecidas del actual gobernador tuvo un cambio, al sostener reuniones con las colectivas, también lo es que es urgente conocer las acciones por parte de la fiscalía especial en la materia, así como del Poder Judicial en la impartición de justicia en lo que refiere a la agilidad y acceso a la justicia, ya que de esto depende la tranquilidad y la reparación del daño integral a las víctimas indirectas de este delito.

Es necesario considerar las particularidades de cada desaparición. El caso de Héctor Adrián Águila Corona, ingeniero, servidor público, de tan solo 27 años en el momento de su desaparición, se da en un contexto de confianza, ya que recibió un mensaje de un conocido citándolo en una gasolinera; él acudió a ese lugar y desde ese momento se desconoce su paradero. Su padre, Héctor Águila, presentó denuncia, se abrió un carpeta de investigación, y gracias a la aportación de datos de prueba y a la insistencia de su padre ante la fiscalía de personas desaparecidas es que se detuvo y se vinculó a proceso a la persona que citó y que vio por última vez a Héctor Adrián, esto después de un año con cinco meses de un verdadero calvario que ha padecido la familia de Héctor Adrián, al enfrentarse a la burocracia, lentitud y falta de empatía de las instituciones y a la intimidación de personas cercanas al imputado.

Hoy el proceso de Héctor Adrián se encuentra en la etapa intermedia. La fiscalía presentó el escrito de acusación en contra del imputado y se está en espera de fecha para audiencia de presentación de medios de prueba. Ante el cambio de administración estatal, la llegada del nuevo fiscal estatal, los cambios en la fiscalía de personas desaparecidas, así como la reciente salida de Daniel Espinosa Licón como presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado, el escándalo de corrupción al interior del propio Poder Judicial, y sentencias a modo, la familia de Héctor Adrián tiene el temor de que el proceso se retrase o, peor aún, que al no contar con recursos económicos y no acceder a un acto de corrupción, se beneficie de alguna manera al imputado, y con ello jamás logren saber el paradero de su hijo. Ante la desesperación que sufre esta familia decidieron unirse a un colectivo de personas desaparecidas a fin de apoyar en actividades de búsqueda.

Lo que es claro es que en Jalisco la justicia pronta y expedita es una utopía para quienes hoy sufren la desaparición de un ser querido.

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