Multas de movilidad saturan a tribunales

Los juicios por multas de movilidad, adeudos vehiculares y fotoinfracciones representaron la principal carga laboral en el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) en los últimos seis años. Entre el 1 de enero de 2019 y el 8 de enero de 2025 se dictaron 77 mil 619 expedientes de sentencias que quedaron firmes, de las cuales 73 por ciento (57 mil 335) fue los conceptos mencionados.

Otros actos reclamados ante el TJA tienen que ver con temas de derechos de agua; multas judiciales; requerimientos del Sistema Intermunicipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa); giros, comercios y licencias; responsabilidad patrimonial; créditos fiscales; cuentas públicas; lesividad; faltas graves de servidores públicos; uso de suelo, entre otros.

Consultados sobre por qué la mayoría de casos que llegan al TJA corresponde a multas de movilidad, Carlos Alberto Aceves García, litigante y profesor de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), explicó que muchos de dichos asuntos no están bien fundamentados. Otra de las razones es que hay ciudadanos con adeudos viales mayores a 100 mil pesos, por lo que prefieren ir a juicio.

“Se han acumulado muchísimas demandas en contra de la Secretaría de Transporte y también de los ayuntamientos en el tema de estacionómetros. Los actos administrativos carecen de ciertas formalidades y elementos que marca la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco”, puntualizó el académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

En su experiencia, dijo que alrededor de 90 por ciento de los juicios relacionados con movilidad e infracciones viales sale a favor de los ciudadanos, pues los actos administrativos como las multas requieren tener ciertos elementos de validez y comúnmente fallan en la fundamentación y motivación.

El litigante detalló que, por ejemplo, en la mayoría de las fotoinfracciones no se explica de manera idónea la hipótesis entre modo, tiempo y lugar con la conducta que se supone que la persona transgredió. Además, muchas veces no se notifican de manera adecuada.

“Porque se supone que las actas administrativas se deben de entregar de (forma) personal o con un medio idóneo y normalmente nunca las entregan. A veces los ciudadanos se enteran de que tienen una multa hasta que van a pagar el refrendo”, relató.

El académico abundó en que, en el caso de los estacionómetros, muchos Municipios también tienen errores al notificar. Por ejemplo, indican que quien firma la multa tiene cargo de vigilante, pero ese puesto no existe en los reglamentos.

“¿Cómo es que una autoridad con un cargo que no está ni regulado en un reglamento hace una multa? No se puede. Cada multa en específico se tiene que estudiar de manera este muy particular, de fondo”, remarcó.

EJECUCIÓN, EL CUELLO DE BOTELLA

Aceves García explicó que la mayoría de los juicios por multas viales dura entre seis meses y un año, pero en la ejecución de la sentencia, una vez que esta quedó firme, ocurre un cuello de botella. Cuando esto ocurre se notifica a la autoridad y se da un plazo de 15 días para su cumplimiento, pero muchas veces se pasa el plazo y los apercibimientos posteriores.

“Como hay tantas multas es difícil darle seguimiento una por una. Uno como abogado, cuando se vence el cumplimiento, pasan los 15 días y uno mismo le avisa a la sala del tribunal por medio de una promoción. Uno tiene que estar diciéndole al tribunal para que ejecute rápido”, comentó.

Ante carga laboral de las salas del TJA, consideró que podría haber más personal, pero a la par apuntó que una medida de fondo sería que los ciudadanos no excedan los límites de velocidad y acaten las normas viales.

“Y otra cuestión son los juicios en línea, que le han dado celeridad a los temas. Falta emplearlos más, eso también puede ser una pieza clave para que empiece a disminuir las cuestiones del rezago de estos juicios porque en línea las notificaciones son más rápidas”, finalizó el académico de la UdeG.

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