“Estamos peor”, sentenció Arturo Mendoza, líder de la organización Huentitán Resistencia, AC, al describir las condiciones en las que se retomaron las obras del proyecto inmobiliario Iconia. Su afirmación está relacionada con las condiciones que el actual gobierno municipal de Guadalajara dio a la empresa para concretar el proyecto que incluye un hotel, un centro comercial y más de 2 mil departamentos.
Y es que parece que las autoridades locales están dispuestas a compensar a los empresarios por el tiempo que las obras estuvieron clausuradas, por lo que han recibido apoyos como la condonación del impuesto predial, recursos públicos para liberar derechos de vía y una mayor presión jurídica, casi como extorsión, para que los tres estudiantes que fueron encarcelados por defender el parque nunca vuelvan a aparecer en el predio.
Para quienes han olvidado este tema, entre 1979 y 1994 el Ayuntamiento de Guadalajara compró un terreno en el cruce de Periférico y calzada Independencia para construir un parque. En 2008, cuando el presidente municipal era Alfonso Petersen Farah, se firmó un contrato con la empresa Mecano América, SA de CV, para que construyera el desarrollo inmobiliario Puerta Guadalajara, a cambio de determinadas obras a favor de la ciudad.
La empresa nunca comenzó las obras y en 2012 entregó los derechos sobre el predio, sin consultar al ayuntamiento, a la empresa Operadora Hotelera Salamanca. En 2016, el entonces presidente municipal Enrique Alfaro Ramírez firmó una modificación al contrato original para reconocer los derechos de Salamanca y reducir las obligaciones que tenía a cambio del terreno.
La empresa Salamanca no cumplió con las prestaciones, pero en 2017 vendió el terreno a Hoteles Riviera de Lux en 500 millones de pesos.
Vecinos y estudiantes de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) tomaron el predio para exigir que sea destinado a un parque, pero fueron retirados con el uso de la fuerza pública y tres estudiantes, Javier Armenta Araiza, Iván Cisneros González y Alexis Rojas, fueron encarcelados varios días a principios de 2023.
Las obras fueron clausuradas por autoridades federales al carecer de estudios de impacto ambiental, pero hace unos días se reanudaron. Según los vecinos de Huentitán, lo peor es que parece que las autoridades locales ahora sí están dispuestas a proteger a los empresarios.
El 15 de enero pasado, en el informe de actividades de Zoé García, presidenta de la FEU, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, volvió a tocar el tema y denunció que el juicio contra los estudiantes continúa y que “nos han llevado al extremo de tener a nuestros estudiantes negociando con una empresa un convenio lastimoso, para ver si podemos cerrar un expediente que se abrió por política”.
Villanueva agregó que espera que los jóvenes estén libres antes de que él deje la rectoría y, de no ser así, pidió a Karla Planter, quien lo sucederá en el cargo, que le ayude con este “pendientito”. Incluso, dijo que, si es necesario que él vuelva a dormir afuera de Casa Jalisco para apoyar a los estudiantes, lo hará.
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