Cuando llega diciembre, la nota es que los diputados negocian con el gobernador en turno el presupuesto, ven a qué le quitan y a qué le ponen. Pero esto, ¿sirve de algo? A los jaliscienses no de mucho, pues al final el respectivo mandatario hace a su antojo una cambiadera en el presupuesto y el documento aprobado por el Congreso local termina siendo irrelevante.
En 2024 Jalisco tuvo más de 8 mil mdp adicionales a lo que aprobaron los diputados. ¿Qué hicieron? Lo asignaron, pero no se lo gastaron todo, como si no hubiera necesidades y urgencias. Por ejemplo, en salud no se gastaron más de 800 mdp y en Fiscalía, más de 100. ¿Argumentarán que no se necesitaron? Cuando hubo centros de salud sin personal y sin medicinas, y en medio de una crisis de desapariciones, ¡vaya que se requirieron! En total, fueron 4 mil 700 mdp los que “le sobraron” al gobierno de Jalisco el año pasado.
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La iniciativa que armoniza la reforma judicial local con la federal está ya en poder del Congreso del Estado. Luego de que la diera a conocer el gobernador Pablo Lemus Navarro, firmó la propuesta y se trasladó al palacio legislativo para entregarla personalmente en la Oficialía Mayor de Partes. Ahora, como señaló, la pelota está en la cancha de los diputados locales, a quienes les indicó en redes sociales que están en la mejor disposición de dialogar con todas las fracciones políticas para que puedan “analizarla y fortalecerla”.
La reforma judicial federal despertó “alerta, preocupación y críticas”, advirtió el mandatario, de ahí el interés de hacer ajustes pertinentes. En el caso de la iniciativa estatal, es evidente que, si bien está armonizada con la federal, tiene diferencias o adecuaciones relevantes, desde su concepción. Una es que cuenta con el consenso de especialistas, universidades, empresarios, asociaciones y ciudadanos, entre otros, y que se escuchó a quienes desearon participar en los 22 foros coordinados por Arturo Zamora Jiménez, con la participación de más de 3 mil 500 personas.
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Añadamos que en la propuesta de reforma judicial para Jalisco, por ejemplo, se desecha el uso del azar o las tómbolas para elegir a los candidatos, que en el caso del Poder Legislativo federal se convirtió en un circo; se propone que quienes aspiren a ser jueces o magistrados pasen por un proceso de selección con mayores filtros, como exámenes de oposición, y no con las cartas de recomendación de algunos vecinos, como se pidió a los interesados en un cargo en el Poder Judicial federal.
También se propone que la elección sea en 2027 para evitar las prisas, que son malas consejeras, y monitorear los comicios federales del 1 de junio de este año para inferir lecciones que permitan mejorar la elección en Jalisco, entre otros puntos. Se quiere evitar las cuotas para los cuates, el reparto vergonzoso entre los partidos políticos representados en el Congreso local y combatir la corrupción en el Poder Judicial con perfiles de aspirantes más cuidados. Hay muuuuuchos retos por delante.
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