Casi la mitad no conf�a en jueces

En Jalisco el 45.7 por ciento de la población no confía en las personas juzgadoras, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el cual publicó ayer estadísticas con motivo del Día de las Personas Juzgadoras, a conmemorarse mañana.

Con el porcentaje referido, el estado tuvo el tercer indicador más alto del país. A nivel nacional es en la Ciudad de México donde más se desconfía de jueces, ya que el 53.8 por ciento de la población considera que las y los juzgadores no le inspiran confianza.

A la CDMX le siguió Morelos con un 46.8 por ciento de desconfianza hacia personas juzgadoras y posteriormente Jalisco con el 45.7 por ciento. El Inegi obtuvo esta información de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (Envipe) 2024.

El indicador de Jalisco mostró una ligera mejoría comparado con 2019, cuando el 47.4 por ciento de la población no confiaba en las personas juzgadoras, pero representó un retroceso, también ligero, en comparación con 2016, primer año disponible en las mediciones presentadas ayer por el Inegi, cuando fue de 43.7 por ciento.

También con base en la Envipe el estado de Jalisco se ubicó por encima del nivel de desconfianza que se registró a nivel nacional, pues en México el 39.5 por ciento de la población dijo que no le inspiran confianza las personas juzgadoras.

El Inegi también difundió que Jalisco tiene rezago en el número de jueces con relación a su cantidad de habitantes. A nivel nacional se tiene un promedio por estado de 3.9 personas juzgadoras por cada 100 mil habitantes, pero en Jalisco el indicador es de 3.7, lo que lo ubica por detrás de estados como la Ciudad de México, pero por encima de otros como Nuevo León.

Por otro lado, pero en relación al Poder Judicial, el Congreso local tiene tan sólo unos días para aprobar la armonización de la reforma judicial federal, pues el día fatal es el 14 de marzo. Al presentar su iniciativa al respecto, el gobernador Pablo Lemus Navarro se dijo abierto a dialogar y a respetar el trabajo legislativo y los tiempos que decidan las y los diputados.

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