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(Foto: Cuartoscuro)
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Los colectivos de búsqueda se han convertido en un contrapeso que evidencia la brutalidad con la que opera el crimen organizado y sus complicidades, al punto que las autoridades “normalmente” tratan de minimizar los hallazgos, sostuvo Lucía Almaraz, académica de la Univa y especialista en seguridad y transparencia.
Señaló que en caso de Teuchitlán, donde la Fiscalía de Jalisco reclasificó los hornos clandestinos descritos por el colectivo Guerreros Buscadores, en simples “punto de recuperación”, es muestra de la incomodidad que generan a las autoridades las madres, hermanas, hermanos e hijas e hijos buscadores con su trabajo.
En entrevista para InformativoNTR con Sergio René de Dios, pidió que ante la magnitud y el impacto nacional e internacional que ha tenido el descubrimiento de del rancho Izaguirre, lo mínimo que puede hacer el gobierno estatal y federal es dar máxima transparencia al caso y cobijar a las familias para que puedan colaborar en la investigación y, de ser posible, identificar víctimas.
Se sumó a las voces que piden una investigación exhaustiva, castigo para quienes tengan responsabilidades y la garantía de no repetición.
jl
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