Los retos de la nueva ley de transparencia

El pasado 23 de diciembre entró en vigor la nueva ley de transparencia en Jalisco, luego del amago de diputados locales de la pasada Legislatura que intentaron retroceder en la materia, la intervención de organizaciones de la sociedad civil y la rectificación del Poder Ejecutivo, en Jalisco existe una norma armonizada con la Ley General de Transparencia.

Con la publicación de las reformas a la Constitución de Jalisco, la entidad se declara lista cinco meses antes de que venza el plazo que fijaron los legisladores federales para que las 32 entidades federativas y el Distrito Federal hagan adecuaciones a sus normas locales.

Luego de la presión de organizaciones sociales, el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz se apresuró en la publicación de la Ley de Transparencia en Jalisco, que entre otros aspectos incluye a sujetos obligados como sindicatos, partidos políticos y la información que emitan los notarios públicos.

Tras los cambios a través de un veto, se permitirá que la información que salga de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) sea pública una vez que llegue al Congreso local. La propuesta de los legisladores locales era que esa información no se pudiera dar a conocer hasta que fuera aprobada o rechazada por el pleno del Congreso local.

Ese fue uno de los puntos de discusión en los cambios que se hicieron con la intervención del Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia. Las pólizas de los cheques también podrán ser consultadas, a pesar de que hubo intentos de limitar esos datos.

Los cambios en Jalisco fueron publicados hasta el mes de diciembre a pesar de que las reformas fueron observadas por el Poder Ejecutivo tres meses antes; el motivo fue que el Congreso no envió a los municipios las reformas constitucionales. Fueron los diputados locales de la actual Legislatura los que tuvieron que enmendar la omisión de sus antecesores.

De los 125 ayuntamientos sólo 51 aprobaron en sesión las reformas a la Constitución. En la última sesión del pleno del Congreso, los diputados aplicaron lo que legalmente se conoce como afirmativa ficta, lo que significa que si los municipios no responden en un plazo de 60 días se da por sentado que avalan las reformas.

Si bien las reformas entraron en vigor desde diciembre pasado, fue desde el pasado 6 de enero, cuando todos los sujetos obligados y el Instituto de Transparencia e Información Pública (Itei) regresaron del periodo vacacional decembrino.

Unas horas antes de la discusión presupuestal, la presidente del Itei, Cynthia Cantero Pacheco, solicitó oficialmente a los diputados locales una ampliación presupuestal por 10 millones de pesos, los diputados autorizaron sólo dos millones y nada de ese recurso se etiquetó en el presupuesto del instituto.

Los dos millones de pesos extraordinarios que se presupuestaron en el gasto para el próximo año se colocaron en una bolsa de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf) y serán exclusivamente para la plataforma electrónica necesaria para cumplir con los nuevos requerimientos de la Ley General de Transparencia.

La nueva norma jalisciense se aplica desde hace tres días. A diferencia de otras normas, no existe un periodo para que los sujetos obligados se capaciten y adecúen sus plataformas electrónicas o simplemente para que conozcan las reformas a la ley.

Sin recursos y sin conocimiento de la nueva norma, sin duda será un reto la aplicación de la entrada en vigor de las reformas a la ley de transparencia en Jalisco.

@ZairaYael