''Acciones gubernamentales inhiben a organizaciones''

Los gobiernos estatal y federal le han apostado a la desintegración de los grupos de familiares de desaparecidos con la pretensión de debilitar los movimientos.

La presidente de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco (Fundej), Guadalupe Aguilar Jaúregui, advirtió que la situación de división que atraviesa el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad es similar al que sucede en distintas organizaciones como resultado de acciones gubernamentales para inhibir la organización.

“Se inhibe la organización de los afectados, inventa y financia grupos, además privilegia ciertos casos en detrimento de la mayoría. Cuando el gobierno ve un grupo fuerte les ofrece a las o los dirigentes solucionar sus casos con prioridad, también les ha ofrecido trabajo, dinero. Hay muchas formas de convencerlos, con la finalidad de dividir, pues dicen, ‘divide y vencerás’”, señaló.

Al participar en el Diálogo de Familias y Desaparición Forzada, organizado por la Universidad de Guadalajara (UdeG), la madre de José Luis Arana Aguilar, desaparecido desde enero de 2011, reconoció que este tipo de artimañas de los gobiernos hicieron eco al interior de Fundej; sin embargo, “seguimos de pie”.

Refirió que algunas organizaciones “han caído en la trampa y han decidido ver por sus intereses particulares en vez de ver un frente común”, de ahí que pese al número elevado de víctimas exista poca articulación entre agrupaciones como resultado del “protagonismo, la desesperación y la multiplicación de agrupaciones deshonestas”.

“Además de ser víctimas de la violencia, los familiares de desaparecidos, extorsionados, muertos o desplazados, sufren de otros agravios por parte de algunas organizaciones y autoridades gubernamentales que los utilizan para obtener recursos o financiamientos públicos o privados, nacionales o extranjeros, pero nadie resuelve la demanda de justicia”, señaló.

En este contexto, Aguilar Jaúregui, hizo referencia al programa de atención a víctimas que presentó el líder de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), Alberto Galarza Villaseñor, quien dijo espera que realmente funcione y no sea sólo un mecanismo para obtener recursos de las víctimas y colgarse una medalla.

En este tenor, recordó las declaraciones de Brenda Rangel, quien desde hace nueve años busca a su hermano, advirtió que el problema de las desapariciones se puso de moda entre los grupos ciudadanos, lo que provocó que cualquiera se sienta defensor de derechos humanos, activista y quiera ser puente entre las víctimas y el gobierno.

“Con el debido respeto que me merece Alberto Galarza, su proyecto del programa de víctimas espero que sea algo que verdaderamente resuelva, porque si existe la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a nivel federal, a nivel estatal y también una ridícula asociación que no tiene oficinas por parte del gobierno del estado y no nos ayuda a nada; con el debido respeto espero que la de él sí sirva de algo, no vaya a ser que nada más se ostentan, se cuelgan la medalla de que son representantes de las víctimas y piden recursos. Hay defensores de derechos humanos y organizaciones que sí han trabajado y caminado con nosotros, pero desde hace tiempo existe gente que se aprovecha de nosotros y está lucrando con nuestro dolor”, apuntó.

La presidente de Fundej recalcó que este “juego” de intereses abunda y provoca que muchos afectados dejen de luchar, lo que insistió “obviamente le conviene al gobierno porque impide que las víctimas nos organicemos y programemos movilizaciones”.

HJ/I