#Ley3de3, gran triunfo de los ciudadanos

El 27 de enero, en los días en que Humberto Moreira estaba detenido por las autoridades españolas, escribí en este espacio sobre cómo tendemos a pensar que la solución de la corrupción está en “castigar a los corruptos”, a pesar de que la evidencia nos demuestra una y otra vez que aquí, en España y en muchos otros países, los sistemas de procuración de justicia están demasiado viciados por intereses políticos y económicos como para ser efectivos en mandar a los peces gordos a la cárcel… (A menos de que haya un interés político en mandarlos).

En esa misma columna comenté que la solución más realista, y que coincide con lo que han hecho los países que salen más altos en el ranking de Transparencia Internacional, está en crear mecanismos de transparencia de información financiera y que exista activismo desde la sociedad civil para exigirlos para poder cerrar los espacios de oportunidad de corrupción.

En este contexto, esta semana tuvimos una gran noticia: la iniciativa ciudadana de ley 3 de 3 alcanzó el mínimo de 120 mil firmas necesarias para poder ser llevada a discusión en el Congreso.

Es una buena noticia por tres razones.

Primera, porque marca un hito en la participación ciudadana de nuestro país. La sociedad civil mexicana alcanza un nuevo nivel de madurez en el que pasa de la protesta a una acción concreta y profunda: redactar una ley. Lo hace además con una coordinación de mentes en instituciones académicas y think tanks (ITAM, Imco, CIDE, Tec, México Evalúa, Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Causa en Común, UNAM) que generaron el trabajo de investigación y propuesta; y de empresas individuales y cámaras empresariales que pusieron su infraestructura para la recaudación de firmas.

Segunda, porque aborda el problema de la corrupción de forma mucho más completa que cualquier otra iniciativa que se haya presentado en el Congreso antes. Pone como prioridad la definición de un nuevo servidor público, con un código de obligaciones, dentro de las que están las tres declaraciones de transparencia que dieron origen a esta iniciativa: de patrimonio, de intereses y de situación fiscal. Además, incluye definiciones unificadas de corrupción, capacidades para prevenirla e investigarla, tomar en cuenta la corresponsabilidad de las empresas en la corrupción, crear una nueva cultura de la denuncia con herramientas e incentivos adecuados y finalmente, crear sanciones a los corruptos, incluyendo ser parte de una lista negra.

Tercera, porque al ser una iniciativa que surge de la sociedad civil organizada como una propuesta de acción muy concreta hacia todos los poderes del gobierno, validada por el Instituto Nacional Electoral, tiene una legitimidad democrática incuestionable… y eso obliga a que se le dé prioridad, se le dé un seguimiento transparente y exista una rendición de cuentas en cada paso del proceso.

Termino con una petición a quien me lea: como ciudadanos tenemos que aprovechar esta oportunidad. Es nuestro momento para exigir cambios en el tema de la corrupción. Vigilemos cada paso de este proceso, hagámoslo viral, seamos parte del cambio.

@ortegarance / /guillermoortegarance / [email protected]