Esta semana la principal declaración del presidente Peña ha sido que en nuestro país prevalece un “mal humor social” pese a que hay razones para decir que México está avanzando.
Pero es realmente difícil escribir columnas de opinión que vean el vaso medio lleno, cuando no terminamos de salir de un escándalo nacional cuando estamos entrando en otro. El último tiene que ver con el filtrado del padrón electoral con datos personales de más de 93 millones de mexicanos a un servidor de Amazon al que cualquiera tenía acceso.
Es difícil no avergonzarse de la poca seriedad de nuestras instituciones al seguir la historia de cómo un investigador de ciberseguridad estadounidense se topó casualmente en Internet con el archivo de 132 GB con todo el padrón electoral y para demostrar que era verdadero encontró la dirección del familiar de uno de sus estudiantes mexicanos en Harvard. Más vergüenza da saber que nadie se lo robó, sino que fue puesto ahí por alguien perteneciente a algún partido político que recibió el listado del INE como parte de los procesos de prevención de fraude.
Hay tres niveles de desastre dignos de analizar en este caso.
Primero, el desastre de la vulnerabilidad de nuestra información.
Lo más preocupante de todo esto es la pérdida de confianza sobre la seguridad con la que se tratan nuestros datos personales. ¿Con qué autoridad nos puede pedir el Instituto Nacional Electoral nuestro nombre, dirección, fecha de nacimiento y fotografía si no tiene capacidad de garantizar su seguridad como es nuestro derecho constitucional?
Más allá del castigo que se dé a quien se tenga que dar, el daño está hecho. No tenemos ni idea de quién tiene acceso a nuestra información y qué mal uso se puede hacer de ella en términos de extorsiones, robos de identidad o simplemente invasión de privacidad.
Segundo, el desastre de las prácticas negligentes en los partidos.
El Financieropublica el domingo una nota donde revela que los nueve partidos políticos registrados recibirán este año 64 millones de pesos para realizar la tarea de revisar y vigilar el contenido de la base de datos de electores, que es un derecho que les reconoce la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
¿Cómo es posible que a pesar de que cada partido recibe poco más de 7 millones de pesos para vigilar nuestra información no tengan el entrenamiento tecnológico básico para evitar poner información delicada en una red pública sin al menos una contraseña para protegerla de accesos indeseados?
Además, no es un caso aislado, porque ya Movimiento Ciudadano fue multado por 76 millones de pesos por filtrar datos del padrón electoral con corte de octubre de 2010.
Tercero y último, el desastre de las instituciones.
Es incoherente que se cree la Ley Federal de Protección de Datos Personales para regular el uso de nuestra información que hacen las empresas, y las propias entidades públicas sean las primeras en hacer las cosas mal. Por más que la culpa caiga en los partidos, ¿dónde está la prevención que deberían hacer el INE o el Ifai que se supone que tienen la obligación de proteger los datos personales? No debería escapárseles un filtrado de este tamaño.
@ortegarance | /guillermoortegarance
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